La alarma sanitaria provocada por el coronavirus, lejos de amainar, va a más en un país donde las decisiones se adoptan demasiadas veces mirando de reojo al vecino. Me vienen estos días a la memoria, y mucho, las conversaciones con el escritor José Jiménez Lozano, fallecido el pasado lunes a los 89 años, cuando desde una espléndida lucidez intelectual de la que hacía gala en cada charla, me decía que «un gobierno sin autoridad está abocado al fracaso». Y cuanta razón tenía el Premio Cervantes. Esa autoridad, cuando se viste de autenticidad y veracidad, es la que una población atemorizada requiere desde el primer momento para saber qué debe hacer y qué no. Y, sobre todo, qué medidas sociales, sanitarias, económicas y fiscales concretas se adoptan y, algo no menor, con qué partidas presupuestarias se van a ejecutar.
Créanme, lo fácil sería la crítica y la demagogia sobre si se ha actuado o no con la suficiente agilidad por parte del Gobierno, pero justo eso sería lo que ahora menos sentido tendría cuando se trata de una cuestión de Estado, tan extraordinaria que lo sensato a todas luces es hacer una llamada a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Es ahí, en la actitud responsable de cada uno de nosotros, donde empezará el principio del fin de este mal sueño que ni el más atrevido guion cinematográfico imaginaría hace tan solo unas pocas semanas.
Sin embargo, permítanme poner en tela de juicio algunos aspectos incomprensibles ante una crisis sanitaria de la magnitud de la pandemia del coronavirus. Un drama que inunda cualquier conversación y que monopoliza la agenda social, económica y política, como no podía ser de otra manera. Vayamos por partes. Aun siendo un defensor a ultranza de la España de las autonomías, no alcanzo a entender por qué determinadas medidas, como el cierre de escuelas y de centros de día de mayores o la suspensión de eventos deportivos, no se han adoptado hasta ahora de una manera consensuada en forma y tiempo por parte del conjunto de las comunidades autónomas, a pesar de que sabido es que las competencias corresponden a los gobiernos regionales y también pese a las amplias diferencias que conocemos en cuanto al número de contagios contabilizados en cada territorio. La alarma sanitaria es de tal envergadura que lo lógico es aprobar las acciones de choque de una manera absolutamente coordinada, desde la solidaridad interterritorial y la coherencia nacional que se presupone al al sistema de salud.
La crisis sanitaria exigía hace días ya la adopción de medidas fiscales, de conciliación familiar, de respaldo a las pequeñas y medianas empresas y de apoyo real al teletrabajo, entre otras. Pero ninguna de esas y otras muchas medidas serán eficaces por sí mismas sin el compromiso individual en el cumplimiento estricto de las recomendaciones que se van aprobando para la necesaria contención o sin los recursos imprescindibles para preservar al personal sanitario ante el virus.
Estamos ante una emergencia mundial y, por tanto, los colores políticos, las diferencias sociales y las fronteras no existen. Como tampoco se gana la batalla al coronavirus azuzando el miedo al desabastecimiento de alimentos o lanzando mensajes sin rigor en las redes sociales. El desafío requiere ante todo de la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, porque sólo así superaremos la pandemia.
Como diría don José, el escribidor abulense de historias, a veces tienen más fuerza de convicción las tonterías de unos que los argumentos serios de la propia humanidad.