Históricamente, el mecanismo más importante para la defensa de las rentas en el sector agrario se concretaba en la existencia de unos precios mínimos y la posibilidad de la entrega de la producción a la Administración. Eran otros tiempos. En el caso de España, el SENPA era el principal brazo ejecutor comprando y pagando escrupulosamente. Con el ingreso en la UE a mediados de los 80 y la progresiva aplicación en España de la Política Agrícola Común, se mantuvieron las negociaciones de precios que poco a poco, con las sucesivas reformas, se fueron diluyendo hasta prácticamente su eliminación, al igual que las políticas de compras en intervención. 
En su lugar, la política comunitaria elevó las ayudas directas. A la vez, también en sucesivas reformas, se trataron de establecer más mecanismos en manos de los agricultores y ganaderos para, a través de sus organizaciones de productores e interprofesionales, concentrar la oferta y tener la posibilidad de negociar precios para sus socios o adoptar medidas para la regulación de los mercados en base a la reglamentación sobre la OCM única 2013 y las modificaciones introducidas en el reglamento Omnibus de 2017.
Bruselas dispone de unas normas muy estrictas en materia de lucha contra los grupos monopolísticos de verdad para evitar que el peso se concentre en unos pocos y que los mismos ejerzan prácticas contra la libre competencia. En el caso del sector agrario, reconociendo su grave situación de dispersión, las normas no son tan estrictas y, de hecho, las reglamentaciones de 2013 y 2017 suponen una puerta abierta para apoyar a las organizaciones de los productores para defender sus intereses frente al mayor peso de una buena parte de la industria agroalimentaria y, fundamentalmente frente a una gran distribución. En el caso de España cabe recordar que solamente seis grandes grupos, Mercadona, Carrefour, Eroski, Ahuchan-Alcampo, Dia y Lidl suponen más del 50 por ciento de la cuota de mercado, a la que se sumaría el 15 por ciento que suman otra media docena de pequeños y medianos grupos de distribución más regionales como Dinosol, Lupa, Condis, Ahorrramás… 
En base a esas dos disposiciones de 2013 y 2017, el Ministerio de Agricultura abordó en 2018 la regulación de las Organizaciones de Productores de leche para que las mismas pudieran negociar las condiciones de los contratos de sus socios y lograr una mejoría de las mismas desde una mayor posición de fuerza. La propuesta tuvo que remitirse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que emitiera su informe. Agricultura decidió seguir adelante con su planteamiento a pesar de las reservas comunicadas desde esa comisión sobre los riesgos de que ello pudiera afectar a la libre concurrencia en el sector, en detrimento de los intereses de los consumidores.
En las últimas a semanas, el Ministerio remitió a ese mismo organismo el proyecto de Real Decreto por el que se quieren potenciar las Organizaciones de Productores en los sectores de las carnes de vacuno, ovino, caprino y conejo ante los problemas de precios que sufren estos sectores y la actual diversificación de la oferta frente a unos pocos compradores. 
Frente a esta política impulsada por Agricultura, en las última fechas la CNMC se ha manifestado contra el proyecto del Real Decreto sobre las organizaciones de productores de carne.
La Comisión, dependiente de Economía, reconoce en su informe la fragilidad de las estructuras organizativas en manos de la producción agraria para defender sus intereses frente a otras partes de la cadena como la industria agroalimentaria y la gran distribución. Pero, a renglón seguido, comienza a marcar una serie de advertencias como la necesidad de que Agricultura aplique de forma restrictiva la excepcionalidad del sector en materia de competencia. Además, señala los riesgos innecesarios que pueden suponer las actuaciones de las organizaciones de productores para la libre competencia en los mercados y, sobre todo, los perjuicios que ello podría suponer para los consumidores la posibilidad de que los ganaderos lograsen unos mejores precios. 
Las recomendaciones hablan incluso hasta de los perjuicios que la medida podría tener para los propios pequeños ganaderos que no estuvieran en las organizaciones de productores. Desde Competencia, en lugar de apostar por estas prácticas de regulación desde las organizaciones de productores se aboga por una mejora en la gestión de las empresas agrarias.
En Atocha se entiende que la CNMC es libre para hace sus advertencias, pero que, por encima de sus criterios, se hallan los emanados desde las disposiciones comunitarias para el desarrollo de unas prácticas que se están haciendo ya en otros países de la UE sin ninguna traba por parte de sus autoridades regulatorias, con unas organizaciones de productores con un peso en los mercados muy superior al que tienen en este momento las españolas.
La oposición a los recelos de Competencia en relación con cualquier práctica que suponga mayor organización del sector agrario para la defensa de sus productos en los mercados remonta a casi dos décadas. En el pasado, cuando no había normativa comunitaria, el ejemplo más significativo fue la prohibición de operar en el sector retirando excedentes por la sociedad Cecasa en el aceite de oliva, constituida por las cooperativas olivareras en el año 2000, suspendida en 2002 por Competencia y que años más tarde, en 2010, el Tribunal Supremo dictaba sentencia dando la razón a los olivareros cuando la sociedad había muerto por la imposibilidad de operar.
Desde el sector agrario, la unanimidad es total para denunciar las dos varas de medir de Competencia.