Han sido innecesarios cuatro años para que los grupos políticos hayan alcanzado un acuerdo que revalida el Pacto de Toledo, aquel compromiso firmado en el año 1995 con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La crisis del 2008, de la que no habíamos salido cuando se ha solapado el varapalo de la pandemia, convirtió las buenas intenciones en papel mojado. A las masivas jubilaciones anticipadas como consecuencia de la destrucción de empleo, se vino a sumar el sobrecosto que representa la mayor longevidad de los jubilados en contraposición al declive de las tasas de natalidad. La fractura del sistema se llevó por delante el Fondo de Reserva, previsto para momentos coyunturales, y la desviación de los gastos respecto a los ingresos se hizo endémica.
Todo esto era sabido hace más de diez años y sin embargo han sido ‘necesarios’ cinco de discusión para que los partidos políticos establezcan una veintena de reglas de sentido común. La situación de emergencia por el Covid ha propiciado que la atención mediática eludiera cualquier otro asunto, como los debates de la Comisión del Pacto de Toledo. Y ya se sabe que un político sin cámaras y micrófonos no se diferencia del común de los ciudadanos. 
El acuerdo más importante es meramente técnico. Las pensiones que no responden a las cotizaciones derivadas del trabajo y los salarios, las llamadas no contributivas, saldrán de los Presupuestos Generales del Estado. A la mayoría de los ciudadanos esto les da igual, no diferencian muy bien entre impuestos y cotizaciones. Pero el detalle es importante: significa, por ejemplo, que el Gobierno puede dejar de comprar un avión de combate a Estados Unidos y destinar ese dinero a pagar incentivos a la natalidad y al empleo, a las pensiones que cubren las necesidades de no cotizantes o el complemento a mínimos de las pensiones mas bajas. El objetivo, como diría Mota, es equilibrar las gallinas que salen con las que entran.
Positivo para Castilla y León es también que no se cuestione la territorialidad, que se mantenga la caja única nacional y que no se profundice en la marginación provocada por el desigual trato entre las comunidades autónomas.