Los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman», sostiene el pedagogo español Santos Guerra. Asumir este principio supone dar al profesorado el papel protagonista que debe tener en la construcción de una política educativa pionera. Y no solo eso, es el momento de fortalecer el prestigio y conceder un reconocimiento efectivo a la profesión docente, siempre decisiva, hasta la médula, por el valor que aporta a la modernización social. Que nuestros políticos crean en ello será determinante para crear la Educación del futuro. Creer para crear. Así lo he manifestado recientemente en distintos foros, cuando me han pedido que reflexione sobre los retos de la política educativa. Es el momento de la innovación porque, en Educación, quien no avanza, retrocede. Los tiempos del cambio son los que son. Si pasa su oportunidad, empujamos al vacío muchos retos alcanzados atando de pies y manos, incluso, al progreso colectivo.
Precisamos nuevas estructuras para renovar esta política formativa. Hasta el momento, hemos estado inmersos en un continuo vaivén de leyes educativas que están suponiendo una mochila demasiado pesada para avanzar en la dirección adecuada. Miremos los resultados ilusionantes de los países del norte de Europa que han decidido mantener una continuidad legislativa lógica en materia educativa. O al vecino Portugal, que desde el consenso político mejora notablemente su nivel educativo. Significativo es también el ejemplo de Canadá, que ha traspasado a los centros responsabilidades cruciales para la elaboración de los currículos, mejorando su potencial. Por eso es fundamental que las comunidades educativas participen decisivamente en la elaboración de las leyes. Sin duda alguna, es un síntoma de lucidez política permitir que así sea. 
Fíjense, dice la OCDE que los estudiantes españoles no desarrollan adecuadamente estrategias de pensamiento complejo. Es decir, que no tienen una idea profunda de lo que aprenden. Nos hemos centrado demasiado en leyes, nos recuerda, y poco en el cambio de prácticas. Esto, como mínimo, tiene que desazonar a nuestros responsables políticos. Hay que remangarse y definir la potencia del tiro. Comenzar por lo principal supone consensuar, con todo el sentido común y la generosidad, un pacto de Estado a favor de la modernización de la Educación. Sin demora, porque hay realidades preocupantes. La Comisión Europea nos advierte de que la inestabilidad política está pasando factura a nuestra Educación. Estamos a la cabeza en fracaso escolar y somos el sexto país de la Unión Europea que menos invierte en Educación (causalidad en estado puro). Por eso considero que la financiación en Educación debería estar garantizada por la Constitución. Porque la Educación es sagrada y no podemos seguir mareando la perdiz. 
Y después del consenso, a remangarse para rediseñar la Educación contemporánea. Aquí es imprescindible modernizar los entornos de aprendizaje y, por supuesto, los contenidos del currículo y su evaluación. La  educación financiera, emocional, el emprendimiento, las humanidades o la computación son contenidos núcleo. Respecto a la educación no universitaria, apremia promulgar una nueva Ley de Universidades que aborde el estatuto del personal docente e investigador, la ordenación de las enseñanzas oficiales, una internacionalización eficaz o un modelo de innovación e investigación centrado en la educación productiva, el desarrollo tecnológico y la economía digital. Las universidades debemos alimentar un ecosistema de conocimiento útil para el tejido productivo y para la sociedad. En definitiva, ¿queremos un país de vanguardia? Pues construyamos una Educación de vanguardia desde los resortes del acuerdo político. Es aquí, en la voluntad de consenso, donde se retratarán nuestros políticos. Ya no sirven medias tintas. Necesitamos su implicación, hasta la médula, para acelerar la nueva Educación. Nos la jugamos.