El breve Consejo de Ministros 'deliberante' celebrado este martes en La Zarzuela, antes de trasladarse los miembros del Gobierno a La Moncloa para celebrar otro Consejo 'ejecutivo', sirve para ilustrar el papel casi simbólico -importante, como todos los símbolos, por lo demás- que en España juega el jefe del Estado. Hace tiempo que pienso que las funciones del monarca deben definirse mejor en la propia Constitución, por un lado, y por las fuerzas políticas, por otro. Ocurre que la división entre estas fuerzas -véase el parece que mal resultado del encuentro entre Sánchez y Casado el pasado lunes_y, de otro lado, el elevado número de escaños abiertamente republicanos en el Congreso, dificultan esa tarea de 'fortalecer' una definición más nítida de las actividades que caben al Rey, más allá de su carácter representativo.

Entiendo que una de las tareas más urgentes que deben acometer nuestros representantes partidarios consiste, precisamente, en comenzar a consensuar una reforma constitucional que impida el desgaste de las instituciones, comenzando, claro está, por la Corona. Artículos como el 62, el 99 o el 57 -que sigue consagrando, de manera casi inconstitucional, una primacía del varón sobre la mujer a la hora de heredar el trono- deberían ser reformados, por mucho que el tradicional temor de nuestros políticos a 'abrir melones' les lleve a afirmar que una consulta refrendaría podría acabar derivando en un plebiscito Monarquía-República.

No lo creo así. Esas reformas, a las que podrían añadirse otras pactadas en otro orden de materias entre los principales partidos, servirían, más bien, para superar algunas de las variadas contradicciones que cada más evidentemente lastran a nuestra por otro lado buena Constitución. Lo que se somete a referéndum, en el caso de las reformas 'agravadas' precisas, es, puntualmente y nada más que esas reformas, no decidir sobre la forma del Estado. Y condenar al Rey a un papel casi de oyente, con muy escasas posibilidades de actuación, equivale casi a desconfiar del rol que pueda jugar, precisamente en estos momentos de zozobra, la Jefatura del Estado que hoy encarna uno de los mejores reyes de la historia de España.

El Rey tiene que tener algo más de fuerza para advertir, desde su posición apartidista, de los errores que cometen unos partidos que tantas veces se preocupan mucho más de su propia supervivencia que del bien de la nación: alguien, más allá de los medios de comunicación y con mayor influencia que estos -en general, a los medios se nos hace poco o ningún caso--, tiene que advertirles de sus desviaciones. Y a veces hasta de sus desvaríos.

No, no basta con sentar una vez al año al Rey en la mesa del Consejo de Ministros -bueno, para ser exactos, en la mesa de La Zarzuela- para charlar más o menos distendidamente con él acerca de las muchas cosas que aquí están pasando; hay que establecer cauces de comunicación permanentes con el Gobierno, sin la limitación del encuentro semanal con el presidente.

Lamento mucho que estos debates no estén presentes en otras mesas de reflexión política, como la que se encontraba en medio del encuentro entre Sánchez y Casado. O la que reunirá al Gobierno central, incluyendo a algún republicano confeso como Pablo Iglesias, con el Govern catalán, ante el cual me parece fundamental defender la pujanza de la institución que representa a la Jefatura del Estado. Que, por cierto, ya digo, es el Rey Felipe VI quien ahora la desempeña. Y ojalá pudiese asegurar que luego será su hija, la princesa de Asturias, quien lo hará. ¿Les gustaría asegurarlo también a todas nuestras fuerzas llamadas constitucionalistas? Pues que lo demuestren de una vez.