El caso PGOU llega a su fin (salvo que el Tribunal Supremo diga lo contrario) con una sentencia que recoge unas penas que se antojan tan ridículas como la cifra final de condenados. Es un proceso en el que llegó a haber catorce imputados, del que se sacó luego a los diez (empresarios, promotores, constructores...) presuntos beneficiarios de la trama, porque sus delitos habían prescrito, y por el que solo acabarán pagando (y poco) las tres personas que integraron entre 2003 y 2007 la cúpula de la Concejalía de Urbanismo, en manos entonces del PP de León de la Riva.
Óscar Puente, hoy alcalde y en su día, el denunciante, se felicitaba por la sentencia, pero achacaba al «deficiente» proceso de instrucción la ausencia de esos beneficiarios en la lista de juzgados y condenados. Fueron diez años de idas y venidas a la Audiencia de una causa que jamás debió ser asumida por un juzgado convencional, que seguía con su actividad cotidiana y con sus semanas de guardias cada mes y medio, sin más refuerzo que las ganas del magistrado por investigar. De eso se olvida Puente en su feroz crítica al juez José María Crespo al que el Ministerio y el CGPJ debieron enviar refuerzos durante los meses que hubiesen hecho falta para que la instrucción no se alargase tanto, algo a lo que, por otra parte, contribuyeron las defensas con su sibilina actitud dilatoria.
El proceso contra la evidente corruptela se cierra con solo tres nombres. José Antonio García de Coca participó en la falsificación de un documento tan oficial como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de una ciudad y prevaricó para favorecer a esas diez personas que eran acusadas en su momento de inducción al delito, pero a las que el paso del tiempo dejó fuera de la causa; García de Coca, edil efímero como pocos, evitará la cárcel con esa pena de dos años de prisión impuesta, pero pasará a la historia por liderar la primera trama de corrupción conocida en el Ayuntamiento de Valladolid.
Junto a él, el tribunal impone penas de quince meses de cárcel a su mano derecha e izquierda, Modesto Mezquita y Luis Álvarez Aller, ex jefe y ex coordinador de aquel Área de Urbanismo, respectivamente. Y la Sala absuelve a todos ellos del delito de tráfico de influencias que, como tantas cosas, no se ha podido demostrar. Fue un pelotazo, sí, pero inocuo para la mayoría de los implicados.