En lugar de pedir perdón, nuestro paisano burgalés Agustín Zamarrón debió señalar a los culpables. Con su genérico “todos tenemos la culpa” el diputado socialista redimía a los que de verdad tuvieron la culpa de que la XIII Legislatura no durara ni medio año. Con la autoridad que le confiere su efigie y su integridad podía haber repartido reproches a los que se han hecho merecedores de ellos: “pida perdón señor Sánchez”; “pida perdón señor Iglesias” y “pida perdón señor Rivera, desde donde esté y cuando se lo permita su condición de futuro papá”. De haberse atrevido con esta retahíla de amonestaciones nos habríamos ahorrado el tópico populista de poner a toda la clase política bajo la sombra de la sospecha, aunque alguno se limitase a pasar por allí.

Zamarrón volvía a presidir la Mesa de Edad del Congreso en la sesión constitutiva de las Cortes más variopintas de la democracia. Hasta 19 listas, muchas de ellas empeñadas en poner por delante el qué hay de lo nuestro al qué hay de lo mío. Un buen puñado de esos representantes volvieron a despreciar las instituciones y sacaron a relucir su catálogo de coletillas para acatar la Constitución. Después de escuchar la sarta de ocurrencias de sus señorías el ‘por imperativo legal’, utilizado en 1989 por tres diputados de Herri Batasuna, se ha convertido en un ejemplo de cortesía parlamentaria. Por aquel entonces el presidente del Congreso, el socialista Félix Pons, los expulsó de la Cámara y negó que hubiesen adquirido la condición de parlamentarios. La posterior sentencia del Tribunal Constitucional, dando la razón a los representantes batasunos, se ha convertido en la excusa para que la actual presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, deje acatar por lo que sea o por quien sea para no enfadar a algún posible aliado.