Valladolid es cada vez una provincia con mayor edad, el paso del tiempo está provocando un envejecimiento galopante de los habitantes debido a la explosiva combinación de la escasa natalidad con la marcha de los más jóvenes a otros lugares para estudiar y trabajar. Ciudad y provincia tienen un grave problema demográfico sin que se vislumbre de momento alguna solución o alternativa que pueda cambiar la tendencia. El dato de que los mayores de 70 años son ya el doble que los menores de 15 nos lleva a la conclusión de que la situación es casi irreversible. Sin caer en el pesimismo, hay que seguir trabajando para ofrecer oportunidades que permitan a los jóvenes quedarse a estudiar, trabajar y realizar su proyecto de vida en su tierra chica, hay que empezar a tomar medidas que a largo plazo pueda frenar la emigración y comenzar a llenar de personas lo que lleva décadas vaciándose. El Colegio de Economistas considera que romper la actual tendencia nos costará «al menos» un cuarto de siglo.
Este problema de envejecimiento, que no es único de la provincia vallisoletana, conlleva otros perjuicios, tanto territoriales como económicos. O sea que aparte de lo obvio, que muchos de nuestros pueblos van a desaparecer con la muerte de sus últimos vecinos (casi uno de cada cuatro municipios ya tiene menos de 100 habitantes), ya saltan las alarmas sobre la insostenibilidad de un sistema de pensiones que cada vez necesita más dinero sin que aumenten los contribuyentes a través de sus aportaciones laborales. En esto también hay que replantearse algunas medidas que reduzcan la factura de las pensiones a medio plazo o, al menos, que traten social y fiscalmente a los jubilados en función de sus ingresos. Aunque solo es un ejemplo menor, no puede ser que ciertos beneficios en el autobús, en la farmacia o en los viajes del Imserso sean iguales para los pensionistas que cobran 800 euros y para los que ingresan 2.500 mensuales.
En poco más de diez años (2035) más de 120.000 personas que residen en Valladolid tendrán más de 70 años. Esto es inapelable y, aunque parece que la Junta de Castilla y León incrementa las ayudas a la natalidad y a la permanencia de los jóvenes en los municipios rurales, no parece que haya vuelta de hoja. Algunas voces urgen la implantación de empresas en los pueblos, especialmente aquellas que no se pueden deslocalizar como pueden ser las agroalimentarias, pero no creo que eso lleve a familias y personas menores de 30 años a vivir en ese entorno. La falta de infraestructuras educativas, de una oferta completa de ocio y de un empleo de calidad no es fácil de solventar y complica infinitamente la permanencia de niños y jóvenes, y con ellos sus familias, en el medio rural. Es verdad que estos problemas no se dan en la ciudad o municipios con más de 20.000 habitantes, pero ahí nos encontramos con las dificultades para la emancipación juvenil o para conseguir una estabilidad laboral que permita lanzarse a una paternidad y maternidad responsable.
Finalmente, en esta carta semanal quiero llamar a una reflexión general de toda la sociedad sobre el tratamiento a los pensionistas. Este envejecimiento, como ya dije antes, pone en situación de alerta máxima al sistema y algo habrá que hacer para garantizar que la caja no se quede vacía. Mi opinión es clara y rotunda. Los jubilados tienen que empezar a ser tratados como cualquier otro ciudadano, es decir en función de sus ingresos. Si un trabajador gana 1.200 euros y con ello tiene que mantener a su familia debe recibir más ventajas y ayudas sociales, escolares y de todo tipo que una pensionista viuda sin cargas familiares que ingrese 2.000 euros mensuales. Todo lo que no sea un trato al menos similar es una discriminación con la que hay que terminar en estos tiempos de crisis y envejecimiento. Si la situación cambia ya habría tiempo de replantearlo, pero es momento de no dejarlo más y tomar medidas o levantar los brazos y rendirse para siempre.