Vivimos una época de prohibiciones y limitaciones sociales. Después de más de un año de pandemia, ya no resulta extraña la rutina impuesta por el estado de alarma, e incluso se duda de si sabremos actuar correctamente cuando acabe esta excepcionalidad el próximo mes de mayo. «Tenemos miedo, queremos seguridad. Estamos aprendiendo una obediencia que no es buena», defiende Adela Molina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.
Sea por miedo, por comodidad o por convencimiento, esta dependencia jerárquica tiene bastantes peligros. En este nuevo aprendizaje social al que nos ha forzado la crisis sanitaria, no deja de ser curioso que para algunos parezca más fácil asumir las prohibiciones, aunque solo sea por miedo, que las recomendaciones. Eso sí, se ha convertido en un ritual revolverse inicialmente contra dichas imposiciones, sobre todo si están acompañadas de sanciones económicas, pero luego se asumen mayoritariamente, aunque algunos hagan prácticas de ingenio singulares para no cumplirlas, pero no para  impugnarlas. Sea como sea, resulta evidente que la tan cacareada responsabilidad sigue sin ser un arman efectiva, y no solo frente a la pandemia, sino también contra esta sociedad de las prohibiciones.
En unos días, con la aplicación de la nueva normativa de tráfico de la DGT, que limita la velocidad a 30 kilómetros por hora en la mayoría de las calles de las ciudades, y con el anuncio de la próxima prohibición de fumar en las terrazas, sin excepciones, se avecina la enésima polémica. Y no resulta difícil aventurar que quedará en mucho ruido y pocas nueces porque se volverá a evidenciar, como una práctica sadista, que nos acostumbraremos a cumplir lo que inicialmente se planteó como recomendación.
Pero este no es un mal exclusivo de la ciudadanía, también aqueja a los que nos gobiernan y dictan estas normas restrictivas en aras del bien común. Esta semana se ha debatido en el Ayuntamiento sobre la necesidad de dotarse de un código ético para garantizar el buen gobierno y que los políticos tengan un libro de recomendaciones para mantener un comportamiento ejemplar. Un código que sin sanciones se quedará en un manual de buenas intenciones.