Mientras el país avanza hacia la denominada «nueva normalidad», con todas las comunidades al menos a las puertas de la fase dos de desescalada, y buena parte del territorio, rumbo de la fase tres, sí se puede aventurar un complejo y largo período de judicialización de la gestión de la crisis sanitaria y las decisiones tomadas durante el estado de alarma y su prólogo.

La primera de las sentencias ya ha llegado, y la ha dictado una juez de Teruel, con el respaldo de la Fiscalía, en la que advierte que tanto el Gobierno central como las autonomías conocían la gravedad de la epidemia desde enero y no actuaron como correspondía. Dictamina que las autoridades han vulnerado el derecho a la vida con su gestión de la crisis sanitaria.

En las primeras comparecencias públicas de las autoridades sanitarias se advertía que estas crisis epidemiológicas suelen durar entre tres y cuatro meses, y durante este tiempo, que es el que llevamos prácticamente en estado de alarma, el sistema público de salud ha hecho frente, en buena parte porque se han multiplicado los esfuerzos individuales del personal sociosanitario, a una tensión inusual. Los hospitales, inevitablemente, pero también los centros de salud se han ido acomodando a la nueva realidad, como contribuyentes principales e indispensables en la contención de la transmisión del virus mientras vivían una situación de desabastecimiento de material de protección en la que tenían que cuidarse y cuidar a los demás, jugándose la vida y dejando un rastro interminable de compañeros infectados (escandalosas las cifras de España de sanitarios contagiados) y, en el peor de los casos, fallecidos. Los centros residenciales del país también han ido avanzando hasta recuperar cierto sosiego del que aún no somos testigos por el sinfín de episodios luctuosos que quedarán eternamente en la memoria, pero a corto plazo, muchos casos se llevarán a los tribunales. Paralelamente, los cuerpos de seguridad a través de sus sindicatos elevan querellas contra responsables públicos por el innecesario riesgo al que se han tenido que someter para garantizar la seguridad de una mayoría, pero también por su injerencia.

Esta realidad va a propiciar que nos esperen años de judicialización, administrativa y penalmente. Probablemente seremos testigos de pronunciamientos contradictorios según la instancia, pero inevitablemente nos hará avanzar hacia una mayor polarización sociopolítica, que es precisamente lo que este país no necesita.

Las administraciones y la clase política que ocupa sus sillones tienen una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y valía, proclamando los aciertos que han cometido, pero también asimilando los errores que se acumulan y, sobre todo, poniendo los medios para hacer frente a un futuro tan incierto e imprevisible como el que tenemos.

La gestión y las decisiones tomadas durante el estado de alarma y su prólogo se va a judicializar