El próximo lunes tendrá lugar la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta del gobierno autonómico de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para abordar la negativa evolución de la pandemia de la COVID-19 en toda la región y coordinar las medidas necesarias para tratar de contener la hemorragia que ha convertido a Madrid en el epicentro de los contagios, y que por su situación política, económica y geográfica se irradian a todo el país.
Es evidente que la reunión entre los gobiernos central y autonómico llega tarde, y que ha sido el crecimiento exponencial de la enfermedad lo que ha obligado al Gobierno central a tomar cartas en el asunto. Un encuentro que no ha sido necesario con los presidentes regionales de otras comunidades donde ha habido importantes rebrotes y que en este caso supone la asunción de la responsabilidad sobre la incapacidad del Gobierno regional para contener la pandemia, que en las relaciones con el Ejecutivo central ha estado a otras cosas. Y eso que hasta el mismo día en que Sánchez remitió la carta proponiendo la reunión, dirigentes del PP defendían la gestión realizada por Días Ayuso, presentada además por su jefe de filas, Pablo Casado, como el modelo de gestión de la crisis.
Además de la descoordinación existente en el seno del Gobierno madrileño sobre las medidas a adoptar y su carácter, la presentación de las mismas tuvo que ser retrasada dada la “complejidad jurídica” de adecuarlas a la legalidad, por cuanto limitarán la movilidad y a la actividad económica en aquellas zonas más afectadas por el virus. Se reabre así el debate sobre si la legislación actual es la adecuada para hacer frente a la pandemia o si el mejor instrumento en estos momentos es la declaración del estado de alarma parcial que el Gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas. Este reconocimiento vendría a dar la razón al Gobierno cuando afirmaba que la declaración del estado de alarma era la única posibilidad para dar cobertura legal al confinamiento y sus consecuencias, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de que se aborden reformas legislativas que permitan actuar sin necesidad de utilizar los mecanismos excepcionales. Pero las reformas deben realizarse -si eso es posible- en un estado de serenidad que en este momento no se da porque todavía hay partidos que pretenden obtener réditos electorales de la gestión de la pandemia.
Las quejas de la presidenta madrileña de que Madrid se ha sentido muy sola en la lucha contra la COVID-19 no puede hacer olvidar las prisas con las que pidió pasar de fases para recuperar la actividad económica y las libertades supuestamente cercenadas por el confinamiento, algunas de las cuales han sido limitadas ahora por su decisión. Ahora se trata de “medidas dolorosísimas”, antes eran decisiones de corte bolivariano para suprimir libertades.
Pedro Sánchez irá a la sede de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que supone un gesto de deferencia hacia Díaz Ayuso. La esperanza de los madrileños y del resto de españoles es que del encuentro salgan decisiones que sirvan para doblegar la curva de contagios, una vez que será difícil que haya acuerdo sobre el reparto de responsabilidades acerca de quién tiene más para que se haya llegado al punto que se ha alcanzado.