Hay que aguantar un poco más para dejar atrás la pesadilla. Son palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las pronunció ayer en el Congreso pero pueden sonar redundantes porque se parecen mucho a las que empleó a comienzos del pasado verano para proclamar la victoria sobre la covid 19. Sabemos lo que sucedió después. El escenario ha cambiado desde entonces, y no poco. La llegada de las vacunas, la inmunización de los más débiles y el blindaje epidemiológico del frente sanitario han propiciado que la embestida actual de la pandemia no se parezca a las anteriores, pero eso no significa que no vayan a morir personas por la covid en el tiempo que se tarda en leer estas líneas. Victorias, por ahora, las justas.
El debate político está determinado por las elecciones madrileñas, que desprenden un aroma plebiscitario que ha provocado escenas como la del presidente del Gobierno criticando desde África a una presidenta autonómica. Lo que ocurra el 4 de mayo será relevante. Quizás determinante. Pero lo que preocupa a la inmensa mayoría de los españoles es qué sucederá el día 5, cuando las urnas ya no toquen a rebato. Y aún más, qué sucederá el día 9. La pregunta es si decaerá o no el estado de alarma. Sánchez se enroca en la negativa a ampliarlo, mientras que varias autonomías, algunas controladas por sus socios de investidura, le piden lo contrario. En ese contexto, las maniobras del presidente regresan a su lugar natural: la contradicción sistemática. Así, es capaz de defender que no se pueden dar armas a las comunidades para actuar como consideren y, al mismo tiempo, pedir que lo que haya que decidir se decida por mayoría en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Esto es, por las comunidades.
La oposición actúa cargada de razones cuando le recuerda al Gobierno que el acuerdo para decretar el estado de alarma, ampliamente respaldado en su primera versión, incluyó la promesa de desarrollar un marco jurídico que permitiera regular los derechos fundamentales sin necesidad de activar un recurso jurídico tan radical como el vigente en España. Nada se ha hecho al respecto. El Ejecutivo, por su parte, niega la mayor e irriga de confusión el futuro inminente de los españoles y de sus economías. Parece existir un acuerdo pleno entre los juristas para aceptar que sin estado de alarma en vigor no será posible imponer toques de queda o confinamientos geográficos, por más que la vicepresidenta Carmen Calvo se apresurara a decir lo contrario sin encomendarse a informe de parte. Todo cambia, por tanto, si no se prorroga el contexto actual, y eso es mucho cambio como para andar jugando a las elecciones. El hartazgo social ya desborda.