La propuesta municipal sobre la ordenanza que regulará el acceso a la zona de bajas emisiones (ZBE) ha supuesto cierta sorpresa esta semana por la flexibilización de las condiciones que hasta ahora el equipo de gobierno municipal mantenía casi como líneas rojas. La limitación del acceso de los vehículos más contaminantes a la 'almendra central' se realiza a través de una larga transición que llega hasta el año 2030. Y hasta entonces hay muchas excepciones temporales que permitirán circular a casi todos los coches por esa amplia zona con motivos como acudir a un centro sanitario, a un aparcamiento público o privado, a un taller mecánico, etc. Aunque aún le queda recorrido a esta propuesta, que tiene que pasar inicialmente por el pleno para iniciar una fase de información pública y llegar finalmente a la aprobación definitiva, parece que cambia algo la política de movilidad marcada hasta ahora por el equipo de gobierno, que había sido inflexible en la lucha contra la contaminación automovilística en el centro de la capital.

Indudablemente, las ciudades tienen que hacer un esfuerzo por reducir la contaminación y para ello hay que poner en marcha normativas, en muchos casos promovidas desde la Unión Europea, que están cambiando la visión del tráfico y proporcionando una nueva forma de vivir, pasear, comprar y disfrutar del centro histórico. A pesar de ello, no es menos cierto que el Ayuntamiento no ha hecho todos los deberes que él mismo había comprometido y aún faltan aparcamientos públicos alrededor de la zona de bajas emisiones para facilitar a los ciudadanos su desplazamiento y evitar que el tráfico se convierta en centro de conflicto entre colectivos vecinales.

Es cierto que la transición hasta el cierre definitivo de la 'almendra central' a los vehículos contaminantes se alarga hasta 2030, momento a partir del que solo podrán acceder a la amplia zona delimitada los coches con etiqueta 0 o ECO. Aún queda tiempo para consensuar medidas que faciliten esta exclusión de los turismos contaminantes del casco histórico y que permitan avanzar sin que los vaivenes políticos que pueda sufrir la corporación municipal afecten a un proyecto de ciudad que debería concitar una amplia mayoría entre los ediles y principales colectivos vallisoletanos. El efecto electoral sobre la ordenanza ya está saliendo a flote y el PP acusa al alcalde de ampliar el periodo transitorio, especialmente el inicio de las multas, para no sufrir un coste en las urnas de un plan que puede resultar polémico, a pesar de su indiscutible necesidad.

Sin entrar en debates políticos esteriles, esta flexibilidad introducida a última hora para acceder a la zona de bajas emisiones parece que tiene algo que ver con la cita electoral. No obstante, puede ser bienvenida siempre que se aproveche dicho periodo para mejorar las condiciones de acceso y aparcamiento a las zonas límitrofes o mejorar el transporte público. Lo que no acabo de ver es cómo se va a controlar el acceso de vehículos de personas con renta baja a la ZBE, una medida que va en contra del espíritu de la norma (reducción de la contaminación) y además que puede ser un coladero para que un montón de vehículos entre dentro del área delimitada. Esto suena a demagogia e iniciativa populista en vez de buscar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos.

Los ciudadanos vallisoletanos tienen aún la oportunidad de introducir sus alegaciones durante el periodo de información pública que llegará después de su aprobación inicial en el pleno del 13 de diciembre, por lo que quizás aún puedan admitirse algunos matices a la propuesta del equipo de gobierno. En estos meses hasta su aprobación definitiva queda margen para intentar consensuar las medidas troncales de la zona de bajas emisiones, de forma que los ciudadanos tengan meridianamente clara cuál será la política municipal de movilidad en los próximos años para el centro de la capital, gobierne quien gobierne a partir del próximo mes de mayo.