El martes estuve reunida con el Comité de Empresa del Servicio de Emergencias 112. Un servicio  que tiene el objetivo de asegurar el acceso de cualquier persona a los servicios de emergencia específicos que se requieran (urgencias sanitarias, de seguridad o de otro tipo), actuando como enlace y coordinación de todos ellos. Por tanto, se trata de un servicio esencial. Esencial como hemos visto en la pandemia y esencial como estamos viendo estos días en los que las llamas están asediando nuestra comunidad. Pero este hecho no se corresponde con unas condiciones laborales satisfactorias de los profesionales que trabajan en dicho servicio, lo que ha abocado a la convocatoria de una huelga.
Hace más de dos años, en las Cortes de Castilla y León se acordó garantizar medidas de mejora en las condiciones laborales, y cumplir una serie de iniciativas dirigidas hacia la constitución de un nuevo marco laboral. Pero tal compromiso no se ha cumplido Lo que afecta de forma decisiva a la calidad de este servicio vital para toda Castilla y León.
El acuerdo que se tomó sobre esta cuestión era acometer, a la mayor brevedad posible, las actuaciones necesarias para promover la suscripción de un Convenio Colectivo autonómico de Emergencias, mejorar las condiciones de trabajo del personal que gestiona la prestación del servicio público del Centro Castilla y León 112, para garantizar la mayor seguridad y estabilidad en sus puestos de trabajo.
También se adoptó el compromiso de llevar a cabo medidas organizativas y la consiguiente consignación presupuestaria necesaria para incrementar y sistematizar con mayor frecuencia periódica la actividad de formación de los miembros de los cuerpos profesionales que realizan funciones de protección ciudadana en Castilla y León, así como del voluntariado de protección civil, a fin de poder maximizar la eficacia en su función en beneficio de la Protección Ciudadana de Castilla y León, en cumplimiento de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.
Pero no ha llegado, a pesar de ser un servicio directamente vinculado a la seguridad ciudadana, que afecta de lleno a la ciudad de Valladolid. Por eso, desde el gobierno de la ciudad consideramos que la Junta tiene que cumplir con ese compromiso que suscribió hace dos años.
Como relatan los profesionales del servicio, la respuesta y resolución de una emergencia cuando llamamos al 112 es una circunstancia que nos afecta a toda la ciudadanía. De las personas que se encuentran al otro lado del teléfono, depende que nuestra emergencia sea comunicada y gestionada en tiempo. Por ello, no puede ser que sean estos trabajadores y trabajadoras los que se encuentran en una situación límite de estrés y presión laboral. Es crucial cuidar a quien nos cuida.