Dijo Pedro Sánchez en el debate de investidura que había que apostar por la política más que por la judicialización de los diferentes retos políticos que se presentaban, y en su primer discurso institucional como presidente volvió a poner en primer plano el diálogo como fórmula para abordar los desafíos que tenía por delante.
Desafíos centrados fundamentalmente en las consecuencias de la amenaza permanente que le plantea el independentismo catalán, a uno de cuyos partidos, ERC, ha convertido en socio del gobierno mientras que el otro, Junts, ha dado un paso de gigante al conseguir que Puigdemont y Comin hayan tomado posesión este lunes de sus actas de diputados en Estrasburgo. A través de un recurso judicial, por cierto, lo que significa que en contra de lo que transmitía Sánchez, no solo la oposición acude a los tribunales para intentar neutralizar a los “malos”, también los “malos” utilizan los cauces judiciales.
Sánchez, desmintiendo una vez más sus propias palabras, se dispone a nombrar Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, hasta ahora ministra de Justicia. Aparte de que el presidente demuestra unas formas absolutamente burdas a la hora de tomar sus decisiones, pues ni siquiera se había cesado a la actual FGE cuando ya se filtraba el nombre de Delgado, utiliza a las instituciones que imparten justicia, o intervienen en los procedimientos judiciales, para hacer política. Así, se muestra generoso con los independentistas para que no nunca le falte su apoyo, aunque eso suponga el escarnio y la humillación de ver cómo sus dirigentes se van de rositas ante las sentencias judiciales.
La mayoría de los fiscales han reaccionado con indignación al nombramiento de Delgado, que consideran un intento de instrumentalizar la fiscalía a conveniencia de Sánchez. Lo intentó con la fiscal general María José Segarra, que respetó a los fiscales del Supremo que vieron delito de rebelión en los procesados catalanes, lo que provocó que Sánchez y Delgado utilizaran a la Abogacía General del Estado para que rebajara el delito de rebelión por el de sedición. Sánchez, ante la crítica, declaró que los fiscales dependen del gobierno. No es cierto, el gobierno nombra al fiscal general del Estado, pero los fiscales actúan con plena independencia. Lo que pretende ahora Sánchez con la ayuda inestimable de Delgado, o así se ha interpretado, es embridar a los fiscales que no comparten el criterio del gobierno en asuntos relacionados con el independentismo catalán.
Sánchez había tranquilizado a quienes temían a su gobierno de coalición, nombrando a personas de prestigio para el área económica. Pero el presidente no ha reconfortado en cambio a quienes dudan de que efectivamente vaya a permitir que los profesionales de la Justicia tomen las decisiones que, conforme a la ley, se ajusten a las acometidas independentistas.
No decepciona el presidente a quienes piensan que no pone límites a sus objetivos. Si algo o alguien le molesta, lo aparta de un manotazo.