Las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG cerraron su primera reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para analizar las demandas del sector con una cierta dosis de optimismo ante la posición diálogo del departamento y por la receptividad de una manera general sus propuestas. Hubo respuestas positivas para dar una salida a los problemas de la cadena alimentaria o al comportamiento de los precios, tanto de los productos que vende el agricultor como de los que paga por sus medios de producción. Ninguna cifra sobre la mesa para los seguros. Muchos e importantes compromisos que se deben desarrollar y verse en medidas concretas en el BOE, en los próximos presupuestos o en acuerdos vinculantes con operadores más allá de protocolos de buena voluntad como en el pasado por la sostenibilidad de sectores con problemas como leche o aceite y de los que hoy nadie se acuerda.
El ministro se ha comprometido a elevar la partida para el pago de las primas en los seguros agrarios rompiendo la congelación de los mismos en 211 millones que ya se prolonga desde hace cinco años y que en las últimos ejercicios se ha tenido que acudir a créditos extraordinarios de entre 30 y 60 millones para hacer frente a la mayor demanda de pólizas y, sobre todo, al aumento del valor de las producciones contratadas, lo que no evitó que los agricultores y ganaderos tuvieran que hacer frente a fuertes subidas de las primas. A la responsabilidad de Agricultura para apoyar el seguro, se suma la de las Comunidades Autónomas que decidieron ajustar sus disponibilidades para rebajar el coste del seguro agrario. El sector espera que desde un primer momento haya una partida suficiente como años precedentes a la crisis cuando el seguro dispuso de unos 300 millones desde Agricultura y 100 desde las Comunidades.
Atocha ha prometido sacar adelante una nueva Ley de la Cadena que dé solución a los problemas que viene denunciando reiteradamente el sector y que va desde una falta de equilibrio en la distribución de los beneficios ante las posiciones de fuerza por parte fundamentalmente de la gran distribución y en ocasiones de la industria, hasta la venta a pérdidas que supone un dato negativo para el productor, además de deteriorar la imagen de productos de calidad. En esta medida, se contempla trasponer la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales y perseguir la venta a pérdidas, pero la realidad es que el problema estaba ahí desde prácticamente la entrada en vigor de la Ley en 2014. Sin embargo, unas y otras Administraciones agrarias dieron justificaciones varias para no abordar la disposición fundamentalmente por el peso en contra de los poderes de Comercio Economía. En este momento, se ha producido ese compromiso y es de esperar que Agricultura tenga la posibilidad de cumplirlo sin interferencias o bloqueos desde otros puntos de la Administración al contar con el respaldo, como es previsible, de todo el arco parlamentario.
De interés, pero con una cierta complejidad a la hora de su puesta en marcha, se hallan los compromisos en materia de índices de precios ligados a esa ley de la Cadena cuando se habla de establecer unos precios justos ligados a los costes de producción y a la vez que los contratos en esa misma cadena tengan en cuenta esos índices de costes. De entrada, el Ministerio de Agricultura deberá poner al día sus análisis sobre la evolución de los costes en la cadena alimentaria en cada producto, ya que los mismos datan de 2012. A partir de ahí, están las negociaciones con los operadores de esa cadena, la industria y la gran distribución y, todo ello, bajo la mirada de Competencia. 
De cara a la rentabilidad de las explotaciones, se hallan los precios percibidos, pero también los pagados en medios de producción cuya transparencia viene reclamando insistentemente en los últimos años el sector para saber, al menos, dónde se producen los mayores saltos por parte de los operadores de esa cadena donde, a partir de que un producto sale de fábrica, existe una amplia cadena de distribución de la que no se sabe cuál es su estrategia sobre la posibilidad de pactos de precios o reparto de territorios de venta. Un agricultor denunciaba recientemente cómo un mismo modelo de un distribuidor en Burgos tenía un coste de casi 20.000 euros más sobre otro distribuidor de otra provincia donde hay una menor demanda y menor capacidad adquisitiva de sus agricultores. Otros no se explican cómo año sí y  también suben los abonos, mientras la industria dice haberlos rebajado. Agricultura, por fin, ha asumido esa demanda y establecerá un sistema de seguimiento de los precios de los medios de producción para a ver por qué se producen esos desajustes y tratar de corregirlos.
La crisis de rentabilidad que padece el sector agrario tiene igualmente una razón de peso en la falta de mecanismos para la regulación de los mercados tras su desmantelamiento por Bruselas. Es objetivo de Agricultura que entidades asociativas como las interprofesionales, las cooperativas o las OP asuman un papel de protagonistas en los mercados para la mejor defensa de sus intereses, en lugar de lamentarse.
Compromiso al aire es el de llevar mayores controles sobre las importaciones en volumen, precios calidad y seguridad alimentaria.
Fuera de los acuerdos, han quedado la demanda sobre las tarifas de riego, un viejo problema sin resolver, y la mejora de la política de asesoramiento a las explotaciones. 
Al margen de los pactos, sobre las últimas movilizaciones, hay otro balance no menos importante. Se puede decir que el sector ha logrado una mayor visibilidad ante el conjunto de la sociedad informando de los problemas por los que atraviesa su actividad y generando masivamente una respuesta de apoyo y comprensión.