La votación parlamentaria que aprobó la reforma laboral ha provocado tal ruido, que dificulta la comprensión sobre la disfunción existente en nuestro mercado laboral. En los próximos meses nos van a indicar si la reforma ha sido efectiva aunque su oportunidad temporal parece errónea. La espectacular subida del SMI en los últimos años en un contexto económico tan complejo, puede perjudicar a quienes se supone que tiene que beneficiar. Al limitar los contratos temporales aumentarán estadísticamente los indefinidos, pero sin reducir la precariedad o incrementando el paro.
Es un error brutal pensar que pagar lo menos posible es una obligación empresarial. No es un coste más, sino la mejor expresión del éxito colectivo. El árbitro debe de ser la productividad de la empresa, no la habilidad de los que negocian. Desgraciadamente, no es fácil de cuantificar.
Tampoco la cuantía del sueldo afecta a la dignidad del trabajador ni aumenta su felicidad personal; tenemos innumerables ejemplos de individuos ricos ahogados en una profunda tristeza existencial. Lo dicho no puede ser una justificación perversa para defender los obvios desequilibrios que azotan a las economías modernas.
El sector privado suele ser pequeño, tiene múltiples competidores y menos margen de maniobra del que se cree. Establecer un suelo salarial para alguien que no tiene experiencia por decreto, implica que asumimos que los costes salariales son homogéneos en todo el país; lo cual es falso. Ignoramos que los candidatos a un puesto de trabajo poseen motivaciones más allá de la pecuniaria y esto limita el atractivo de empresas en sectores enteros.
Cuando elevamos el sueldo de los empleados públicos (seguridad laboral permanente) por encima del sector privado, obviamos quién paga impuestos y los financia. Lamentablemente, el problema de España no es salarial sino productivo. En los próximos años, la demanda de empleo se va a reducir por la implosión demográfica y el SMI será el menor de los problemas. Las empresas no son el enemigo de los trabajadores sino un socio indispensable.
Todo el ímpetu político europeo hace aumentar los costes del sector privado sin pensar que vaya a tener un impacto en el empleo. La actividad económica y los puestos de trabajo no son derechos adquiridos sino posibilidades en una sociedad libre. El comunismo soviético intentó romper esas limitaciones y ya sabemos cómo acabó. Los prejuicios atacan a la propiedad privada, su empleo y la prosperidad que la acompaña. Es habitual confundir justicia con envidia, porque al final viene la pobreza.