Mediada la legislatura es tiempo para trazar un primer balance de la actuación del Gobierno. La pregunta es sí los españoles vivimos mejor o peor que antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La devastadora pandemia -más de cien mil muertos, una tragedia cuyo impacto sicológico en la sociedad el Ejecutivo trató de atenuar maquillando la cifra de decesos- fue una prueba fehaciente de que, hasta la llegada de las vacunas, había fallado la gestión.

En paralelo, el empeoramiento de la situación económica -quiebra de miles de empresas y pequeños negocios regentados por autónomos-desembocó en el aumento del número de desempleados, un incremento paliado en parte por la puesta en marcha del limbo de los ERTES -más de un millón- que provocada un efecto espejismo respecto del calado real del desempleo en nuestro país: 16,2%, el 40,8% entre los jóvenes de menos de veinticinco años. Desde la vacunación masiva y la disminución del número de contagiados se está empezando a reactivar la economía, pero seguimos siendo el país de la UE con la tasa más alta de paro: 14%. El anuncio de la llegada de los fondos europeos -70.000 millones- es la baza en la que confía Pedro Sánchez para remontar en los sondeos de intención de voto y popularidad.

Un actuación resentida como resultado de su arbitraria manera de gobernar -por poner un par de ejemplos: el nombramiento de la ex ministra de Justicia como Fiscal General del Estado o los indultos a los condenados por sedición- le ha llevado a un choque con la judicatura, garante en el Estado democrático del respeto a la separación de poderes.

En las elecciones de Madrid dónde el PSOE sufrió una gran derrota -quedó relegado a ser el tercer partido en la comunidad- recibió un aviso de lo que le puede deparar el futuro. Tomó nota y remodeló el Gabinete y ahora está a la espera de administrar sin mayor control los fondos que llegaran de Europa. Esa es el comodín o el as que se guarda en la manga para actuar durante los dos años que quedan de legislatura.