La renovación de las instituciones, o mejor dicho la no renovación, había alcanzado cotas de escándalo. Enconamiento intolerable de los dos partidos directamente más implicados, PSOE-Gobierno y PP, que antepusieron sus intereses a los del funcionamiento de esas instituciones, paralización de decisiones de alto calado y, lo más grave, constatación de que las instituciones españolas sufren de un defecto estructural que ofende a quienes respetan las normas de la democracia: la politización de importantes instituciones del Estado y organismos oficiales.
Pablo Casado se ha apuntado un buen tanto: ha conseguido lo que se había marcado en los últimos tiempos, renovar el Tribunal Constitucional y el de Cuentas y, respecto al Poder Judicial, que el gobierno aceptara cambiar la fórmula de elección una vez que él, Casado, aceptara negociar ahora la renovación. Todo ello es explicable porque Pedro Sánchez no puede ser candidato con posibilidad de ganar las próximas elecciones si no demuestra cierta moderación ante los avances de Podemos, cada vez más importantes –ahora ya en el campo de la economía, donde Calviño no pelea por defender sus principios-, y se niega a aceptar algunas de las exigencias que le hace su socio de coalición, mayormente las del equipo de Irene Montero, que provocan que para muchos españoles sea incomprensible que un personaje así forme parte de un gobierno.
Negociar al fin la renovación de las instituciones, incluida en breve la del CGPJ como dicen los negociadores, ha sido bueno para Sánchez y Casado, que además han contado con dos colaboradores que han puesto toda la carne en el asador, el ministro Bolaños y el secretario general del PP Teodoro Egea.
Lo que no se acaba de entender es que el PP no insistiera antes en la renovación del Tribunal Constitucional. Desde que se produjo el fin de mandato de varios de sus miembros hace dos años, miembros del ala progresista explicaban que no comprendían al PP, porque en cuanto abordaran esa renovación ellos tendrían en su mano la elección del nuevo presidente del alto tribunal, como se ha explicado ahora. Pero esa posición de ventaja la tenían desde hace mucho tiempo y finalizaría en cuanto se procediera a la renovación de aquellos que aún no han finalizado su mandato. Alguien en el PP no ha estado suficientemente al tanto de la situación interna del TC.
En cualquier caso, bienvenidas las renovaciones, esperanza de que también se produzca pronto la del CGPJ y ojalá que se vaya pasando página a cuestiones de la máxima importancia y que las pésimas relaciones entre gobierno y PP tenían paralizadas. Lo que toca ahora, con suerte, es que además de negociar sobre la renovación de las instituciones se produzca un diálogo fluido y eficaz entre Bolaños y Egea –aunque mejor sería entre Sánchez y Casado- y España empieza a solucionar asuntos que son absolutamente vitales. Vitales en el sentido de que nos va la vida en ello.