Una certeza: el estado de alarma no se prorrogará el próximo 9 de mayo y no hay un plan b legislativo como alternativa más allá de las leyes vigentes y la actuación de los gobiernos autonómicos que deberán aplicar las medidas de control de movimientos de los ciudadanos, con la vista puesta en lo que decidan los jueces. Por sus declaraciones no cabe la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varíe su opinión atendiendo a las peticiones de las comunidades autónomas y algunos partidos que le apoyan en el Congreso, que el recuerdan que los confinamientos generales y el toque de queda solo son posibles mediante el estado de alarma.
El Pleno del Congreso en el que el jefe del Ejecutivo ha vuelto a exponer el plan de recuperación de la economía española -¿ocho, nueve veces?-, basado en los fondos que han de venir de Europa y el plan de vacunación como el principal instrumento para salir de la crisis económica y social que ha originado la pandemia. Y en estos puntos, como se encargaron de señalar los portavoces parlamentarios de la oposición, fueron más las incertidumbres que dejó que las certezas. Porque en el plan económico siguen sin conocerse los procedimientos de concesión de los fondos para los proyectos y existen dudas sobre su reparto, y en cuanto al proceso de vacunación manifestaron su incredulidad de que se alcance el nivel del 70% de personas inmunizadas a finales del mes de agosto. Sánchez pasó por alto los contratiempos ocurridos con dos tipos de vacunas que han retrasado sus plazos de entrega por los problemas médicos surgidos con su aplicación. No obstante, los problemas con Astra Zeneca ya han sido resueltos, y los de la vacuna de Janssen se solucionarán resolverán de la misma forma, y los retrasos se podrán compensar con un nuevo esfuerzo de otras farmacéuticas, y por supuesto de los sanitarios que han de administrarlas.
En algunos momentos del debate pareció que todos los portavoces estaban afectados por el síndrome de la fatiga pandémica, en unos casos por el tono airado de las intervenciones, como la del presidente del PP, Pablo Casado, el apocalíptico de Santiago Abascal, o el amenazante de los independentistas catalanes, que fue compensado por el tono didáctico del peneuvista Aitor Esteban o de Inés Arrimadas, preocupados por lo que pasará a partir del 10 de mayo, aunque sus intervenciones tuvieron menos enjundia que en otras ocasiones. El problema es que muchos partidos partían de la contradicción de pedir la prórroga del estado de alarma cuando hasta ahora habían manifestado que se trataba de un estado de excepción encubierto. Pero, en efecto, a la luz de la experiencia y de las recomendaciones, incluida la del Consejo de Estado, será precisa una reforma legal cuando la tranquilidad lo permita.
Y lo mismo ocurre con el plan de vacunación, que los portavoces parlamentarios son conscientes de que está circunscrito a la actuación de la Unión Europea y sus distintos organismos, tanto en la adquisición de las vacunas como en los problemas sanitarios que surgen, que influyen en los plazos previstos por las autoridades europeas asumidos por el Gobierno. Y todo ello en un ámbito de cogobernanza a través del Consejo Interterritorial de Salud cuyas decisiones son de obligado cumplimiento, excepto para la rebelde Comunidad de Madrid.