Comenzaba el verano de 2020. Habíamos pasado tres meses encerrados en casa a causa de una pandemia que estaba ocasionando miles de muertos en todo el mundo. Con restricciones, pero por fin pudimos salir a la calle. Y, ¿qué nos encontramos los vallisoletanos? Pues que con nocturnidad y alevosía, a escondidas, sin consultar ni siquiera informar a nadie, el equipo de Gobierno, con Óscar Puente a la cabeza, había realizado una serie de cambios en la movilidad que sumían a Valladolid en un atasco continuo, desconocido para los vecinos de la ciudad hasta el momento.
Aprovechando la difícil situación que el país estaba atravesando y escondido tras el eslogan de 'una nueva movilidad para una nueva normalidad', el Gobierno municipal impuso unas medidas que, desde el primer momento, fueron rechazadas por buena parte de la sociedad vallisoletana y que el Partido Popular advirtió que se habían llevado a cabo a través de un procedimiento que generaba muchas dudas.
Por decreto, habían aprobado la implantación de un carril para uso exclusivo de bus-taxi en 21 calles, la prohibición de circular entre Cánovas del Castillo y Fray Luis de León y el establecimiento de dos carriles bici segregados, uno en el paseo Isabel la Católica y el otro en la avenida de Gijón.
Estas modificaciones en el viario de Valladolid han instaurado un nuevo régimen circulatorio, donde atascos y retenciones se han convertido en la imagen diaria de la ciudad, una ciudad en la que siempre habíamos presumido de la agilidad y facilidad con la que se circulaba, así como del escaso tiempo efectivo entre trayectos. Tras la implantación de dichas medidas, Valladolid es una ciudad no apta para circular, con todo lo que ello supone para el comercio y la hostelería. La resignación y el malestar se mezclan entre los vallisoletanos que ven cómo la movilidad de su ciudad se ha trasformado en una emboscada cotidiana.
El Grupo Municipal Popular advirtió desde el primer momento de que las medidas no se habían hecho bien, por ello llevamos a varios plenos iniciativas en forma de mociones, preguntas y ruegos, hasta un pleno monográfico sobre el tema. Pero todas las propuestas han sido rechazadas por el rodillo del equipo de Gobierno. Ante tales rechazos y falta de consenso, no tuvimos más remedio que acudir a la vía administrativa y posteriormente a la judicial, vía, esta última, que nos ha dado la razón, ya que el Juzgado ha declarado que las medidas adoptadas son ilegales porque el decreto que las avala es nulo de pleno derecho.
Esta sentencia confirma las tesis que siempre hemos defendido desde el PP. Si nos hubiesen escuchado, ¡cuánto dinero, malestar, incomodidad, atascos y tiempo nos hubiésemos ahorrado los vallisoletanos!