La salida de la crisis económica en la que esta incurso el país como consecuencia de la epidemias sanitaria del coronavirus va a necesitar un ejercicio de responsabilidad de todos los gobiernos, central y autonómicos, partidos, sindicatos y patronales. Como se conjuguen esos intereses que son dispares, distintos e incluso contrapuestos para volver a recuperar la actividad económica y minimizar sus consecuencia futuras y su impacto social hará necesaria voluntad de acuerdo para no defraudar las expectativas de los ciudadanos, dispuestos a demandárselo a los líderes políticos.

El nombre de esos pactos sería lo de menos -nuevos pactos de La Moncloa, pacto para la reconstrucción...-, pero no el concepto, la necesidad de que nadie quede por el camino, que la salida de la crisis no se cebe como en otras ocasiones con los eslabones más débiles de la sociedad, que han sido paganos de todas las crisis. La situación, por supuesto no es similar a las de 1977 que propició los pactos de la Moncloa, pero su ejemplo si es válido. Ante una situación excepcional la respuesta tiene que ser igualmente excepcional, para salir de ella "juntos y de frente" en palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán.

Un pacto supone cesión por parte de todos, la renuncia a los aspectos partidistas para favorecer el acuerdo. Una vez que el Gobierno ha puesto en el tablero la decisión de arbitrar esas negociaciones es lógico que se asista a una serie de reticencias, de condicionamientos, de diques de contención que habrá que ir limando porque es ahora o nunca. Un destacado líder de la izquierda de los años setenta al hacer una valoración de lo que supusieron aquellos pactos de La Moncloa reconocía abiertamente que supusieron “la derrota de la izquierda”. El PCE y CCOO los suscribieron con menos reticencias de las que en aquel momento expresaron el líder del PSOE, Felipe González y de la UGT, Nicolás Redondo.

Desde los partidos de la derecha una de las condiciones previas sería que el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez se deshaga de su socio de coalición, Unidas Podemos, al que describen como un partido bolivariano, cuando lo que ha dicho su líder, Pablo Iglesias es que habrá que tener en cuenta los aspectos sociales recogidos en la Constitución, la defensa de los servicios públicos o la vivienda, propuestas que por lo visto levantan unos temores que un medio tan poco proclive al pensamiento progresista como The Financial Times, no ha visto así en un reciente editorial, en el que pedía el establecimiento de un nuevo contrato social, que los gobiernos deben tener un papel más activo en la economía, que el mercado laboral debe ser menos inseguro, que la defensa de los servicios públicos deben considerarse más una inversión que un gasto y que es preciso estudiar la instauración de una renta mínima. Todo un programa de carácter socialdemócrata.

Aunque no les guste a los partidos que serán llamados al pacto, lo que no puede ponerse en cuestión es que el Gobierno salido de las urnas quien dirija el procedimiento, y es preciso que haya las menores exclusiones posibles. Por lo pronto al PP la iniciativa le parece insincera y un señuelo y que se intenta un cambio de régimen pero está dispuestos a avanzar en el diálogo social. No parece que se esté cerca de ese cambio de régimen. Por lo menos hasta ahora no se ha visto ninguna medida en esa dirección.