Cuánta frivolidad y desprecio a los ciudadanos destilan algunos políticos. El paradigma de la trivialidad y acaso el insulto lo ha venido a representar en esta ocasión el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, a más inri portavoz del gobierno regional y consejero de Transparencia, Francisco Igea. El máximo dirigente de Ciudadanos en la comunidad ha anunciado que su partido no tendría empacho en dar un nuevo salto mortal sin red, en este caso haciendo caer los gobiernos de las comunidades autónomas donde son llave en el apoyo al PP si a cambio el PSOE rectifica su preacuerdo de gobierno nacional con Podemos. Léase Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia. Igea está en su legítimo derecho de pensar de forma tan furibunda como extemporánea que la alianza de la izquierda es lo peor que le puede pasar a España. El representante naranja en Castilla y León considera que el pacto de Pedro y Pablo es inviable desde el punto de vista económico, político y constitucional y que arrastra el país por el «sumidero». Además del desprecio que muestra al juego democrático, sin duda se ha olvidado de que, si sus peores augurios para España se vieran cumplidos, la máxima culpa recae en sí mismo, en el partido que representa, ya que Ciudadanos es precisamente el culpable exclusivo de este pacto que tanto le solivianta. En manos de su partido estuvo el acuerdo que ahora reclama, la coalición con el PSOE que una inmensa mayoría de ciudadanos deseaba y que, por lo que se ha visto, reclamaba también la mayoría de quienes les habían confiado su voto. Es evidente que Albert Rivera fue el máximo culpable y está claro que ha pagado las consecuencias. Pero quienes le han acompañado en su deriva desnortada no tienen menos responsabilidad.
Igea es un político amortizado, como en estos momentos lo ha sido su partido en Castilla y León, sin representación política en el Parlamento Nacional, y no parece que estas salidas de tono y estos saltos en el vacío le vayan a restituir la confianza y la credibilidad. Gran papelón de quien tiene la responsabilidad de hablar en representación de un gobierno presidido por el PP, partido al que pone en subasta. Inconcebible comportamiento fuera de la política. Y sin ruborizarse.