Que España es una democracia plena no es solo porque lo digan estudios internacionales dedicados a medir los parámetros que la configuran, sino porque en la práctica diaria es capaz hasta de lidiar con sus fantasmas y porque ha sido capaz de adaptarse, ha demostrado fortaleza y tiene la visión de salir adelante con el reto de solventar aquellos problemas que aún quedan pendientes de resolver, como la desigualdad social o el problema territorial. Así ha quedado de manifiesto con la defensa de la democracia y el compromiso constitucional que el rey Felipe VI acaba de reafirmar en el acto del Congreso sobre el 23-F.
Una conmemoración no de un golpe de Estado, como han pretendido hacer ver algunos portavoces de partidos independentistas, que sí conmemoran derrotas militares porque no tiene victorias que celebrar. El fantasma del golpe de Estado sobrevoló los primeros años de la transición a la democracia hasta que se hizo presente por medio de unos conmilitones que no entendieron que el tiempo de la libertad y de la democracia, a pesar de todos los inconvenientes, había llegado para quedarse.
Felipe VI también ha conjurado la presencia del fantasma del rey emérito, Juan Carlos I, en el aniversario de un triunfo de la democracia que no se le puede hurtar, aunque él mismo se haya encargado de manchar su prestigio por otros motivos más mundanos. La mención del rey a su padre ha sido la justa, el recuerdo de su mensaje a la nación en el que ordenaba a todos los militares que adoptaran “todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”. Ha sido la referencia precisa a su responsabilidad histórica. La que se merece al margen de otras consideraciones que ponen en duda su actitud ante el golpe del que se encontraba detrás de una u otra forma el general Alfonso Armada, que ni estaba ni se le esperaba en La Zarzuela. Otro espectro.
El rey no ha desaprovechado la oportunidad para reafirmar su misión constitucional, de la que tuvo una primera noción la misma noche del 23-F, para, como en su primer mensaje como rey, mostrar su “confianza en una España en la que caben y se reconocen todos los ciudadanos”, junto con la “inequívoca la voluntad de la Corona de ser una Institución que incluya, integre y cohesione a todos los españoles".
Una función que le niegan los representantes de los partidos nacionalistas e independentistas que enfilan su proa al ‘régimen del 78’, que cuestionan la arquitectura institucional en la que descansa en la monarquía parlamentaria, y en la unidad y permanencia de España que pretenden sustituir por la secesión de un conjunto de repúblicas independientes, muestra a su vez de la fortaleza democrática del país.
Como afirmó la presidenta del Congreso. Maritxell Batet, la consolidación de la democracia exige un compromiso y un esfuerzo constante para su preservación. Y, en efecto, si en los primeros tiempos de la transición los problemas para el nuevo régimen derivaban de los nostálgicos del franquismo, del terrorismo etarra o de la crisis económica, ahora son otros nuevos fantasmas los que aparecen en el horizonte como la deslegitimación de las instituciones, el populismo o la creciente polarización que estos animan.