En ninguna de las elecciones que se han celebrado desde la recuperación de la democracia, la sombra de la sospecha ha caído sobre el proceso de recuento de votos con el que se determina la representación de los ciudadanos en las Cortes, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. La limpieza del proceso electoral está fuera de toda duda. En alguna ocasión han surgido incidentes de tono menor de compra de votos, denunciados y juzgados, y es el único momento en el que los partidos políticos pierden el control del proceso electoral. El día de las votaciones los integrantes de las mesas electorales se encuentran acompañados de los apoderados e interventores designados por los partidos políticos que velan por sus intereses partidistas y en consecuencia, por la limpieza del proceso.
Esta situación y la presencia de los representantes de los partidos ha hecho que los intentos de arrojar sombras de duda sobre la limpieza del recuento de votos, por el hecho e que sea la empresa Indra la encargada de la transmisión de los datos a las juntas electorales y que el Gobierno haya maniobrado para situar a su frente a un presidente de su confianza dio pie a una maniobra típica del 'trumpismo' para poner en cuestión los resultados que se produzcan. Un intento que ha tenido un recorrido muy corto porque nadie ha avalado las sospechas y porque las instituciones electorales son lo suficientemente fuertes para soportar una campaña de desprestigio infundado del sistema electoral.
Sin embargo, los sucesos de compra de votos en Melilla y Mojácar han contribuido a que los ataques al sistema electoral se hayan reproducido de forma interesada. A pesar de que se trata de dos situaciones distintas en cuanto a su dimensión y a su repercusión política: en el caso de Melilla tenía la intención de influir en la formación del gobierno de una ciudad autónoma; en el de Mojacar afecta a un ayuntamiento en el que tiene derecho a voto unas cuatro mil personas. En Melilla el partido señalado es Coalición por Melilla y la trama de compra de votos estaba dispuesto a venderlos por lotes al mejor postor y afecta también a personas relacionadas con el PP. En el caso del ayuntamiento almeriense, en el que gobierna el PP con mayoría absoluta, los implicados son integrantes de la candidatura del PSOE.
La compra del voto por correo ha entrado en juego en la última recta de la campaña, a pesar de que las anécdotas no pueden convertirse en categorías que pongan en cuestión el proceso electoral. Por parte del PSOE ya ha anunciado que si se demuestra la implicación de sus candidatos no tomarán posesión de sus actas como miembros del grupo municipal socialista, y serán expedientados. El PP, tras la polémica de la presencia de condenados por terrorismo en la listas de EH-Bildu se ha encontrado un nuevo filón con el que atacar al PSOE, su principal competidor y ve en la participación de candidatos socialistas en la compra de votos un síntoma de su nerviosismo ante la posibilidad de que obtenga unos malos resultados en las urnas. De un partido de Estado, cuyos dirigentes han salido en tromba a atacar al PSOE, como si el suceso de Mojácar hubiera estado diseñado desde la calle Ferraz o La Moncloa, quizá podría esperarse que hubieran aprovechado la ocasión para reafirmar su convencimiento acerca de la limpieza del proceso electoral en todas sus fases y por otro para destacar la diligencia de la policía y la justicia para abortar cualquier intento de delito electoral.