Los máximos dirigentes de los países miembros de la Unión Europea han puesto en marcha en su reunión el pasado jueves del Consejo extraordinario, los trabajos para la elaboración del Marco Financiero Plurianual para su aplicación de 2021 a 2027. Tras este primer contacto se contempla la celebración de un nuevo encuentro en la próxima primavera al que seguirán otros de cara a tener finalizado el mismo antes de fin de año para su entrada en vigor el año que viene.
Las negociaciones para la elaboración de este Marco Financiero han estado siempre envueltas en largos debates en cuanto los mismos están marcados, en primer lugar por los recursos que estén dispuestos a poner cada uno de los países miembros y, sobre todo, por la distribución que se haga de los mimos para cada uno de los Estados en función de las políticas que se consideren como la más prioritarias.
En las negociaciones para los próximos siete años, una de las cuestiones más importantes a efectos de recursos, ha sido la salida del Reino Unido, que suponía una aportación neta de unos 10.000 millones de euros. En lo que afecta al sector agrario y al medio rural, a este ajuste en las disponibilidades financieras de la Unión Europea se suma la entrada en la escena comunitaria de nuevos objetivos que año tras año van ganando peso a la hora de la distribución de los fondos. En ese camino, la Política Agrícola Común, antes casi la única, se halla obligada a compartir fondos con otras políticas también prioritarias como las dirigidas a la creación de empleo, fronteras, inmigración, innovación, desarrollo, seguridad o defensa. Ello supone acelerar todavía más la reducción progresiva que ya se viene produciendo en la participación de la PAC en el conjunto de los recursos, dejando ya muy lejos porcentajes superiores al 40% hasta el 35% que suponía en el período de 2014 a 2020 para, en los próximos años y en el mejor de los casos situarse en el 30%.
En el período anterior, para la aplicación de la PAC, los fondos se elevaron a un total de 382.855 millones de euros, de los que 286.143 millones fueron para el Fondo de Garantía Agraria, fundamentalmente para los pagos directos y otros 96.712 millones para el Desarrollo Rural.
Los recursos comunitarios se nutren en su parte más importante, casi la única, de las aportaciones hechas por cada uno de los Estados miembros. Por ese motivo, un primer debate y punto a resolver por los responsables de los gobiernos, es decidir el porcentaje a aportar de su Producto Interior Bruto para la que elaboración de ese Marco Financiero Plurianual donde cada uno mira por sus propios intereses: cuánto aporto y cuánto recibo por sostener la Unión Europea y lo que ello supone a la economía de cada país, más allá de teóricas posiciones altruistas o solidarias. En este contexto, las posiciones de los Estados tienen importantes diferencias.
Los países más al norte de la Unión Europea, con unos retornos tradicionalmente inferiores a sus aportaciones, como serían Países Bajos, Dinamarca y también Austria, no tienen interés en que sus aportaciones superen la barrera del 1% de su Producto Interior Bruto. Alemania, el principal contribuyente a unos presupuestos con un retorno inferior, pero que obtiene beneficios indirectos importantes por la existencia de ese Mercado Único, se resiste igualmente a superar esa barrera y plantearía reorientar el destino de los fondos. España y Francia son grandes perceptores de fondos PAC y, junto con Italia, Portugal o Grecia, a los que se suman todos los países del este de la UE defensores de que se mantengan los presupuestos del período anterior. España apoya esa política, aunque con ello tiene el riesgo de pasar de ser un país perceptor netos de fondos, tanto por la PAC como por los fondos de cohesión, a ser un contribuyente neto. 
Sobre la mesa de los altos mandatarios de la Unión Europea, se halla la propuesta de la presidencia de Croacia donde se contempla que la aportación de los Estados sea el 1,07% del Producto Interior Bruto que supone un montante de 1,094 billones de euros con un incremento del 1,16 % sobre las disponibilidades del período anterior. De ese volumen, en lo que afecta al sector agrario, 256.747 millones serían para los gastos del Fondo de Garantía Agraria, básicamente para los pagos directos, lo que equivaldría a un recorte del 10,27% y otros 72.537 millones para desarrollo rural con un descenso del 25%. En conjunto, los fondos para la PAC descenderían un 13,99% hasta los 319.284 millones de euros, el 30,08% de todo el presupuesto comunitario.
Esta propuesta no difiere mucho de la que planteaba la presidencia anterior finlandesa que apostaba por unos fondos para la PAC de 334.000 millones de euros con un descenso del 12,7%. La propuesta de la Comisión tampoco presenta variaciones importantes con ingresos a partir del 1,11% del PIB y 324.284 millones de euros para la PAC con un recorte del 15,3%. Frente a estas propuestas de ajuste desde el Parlamento, se planteaba que los ingresos fueran el 1,30 del PIB para disponer de 1,13 billones de euros para asignar a la PAC 383.255 millones de euros con un aumento del 0,10%.
En medio del actual debate sobre el montante de los fondos y a falta de conocer en los próximos meses los resultados, en lo que afecta a la filosofía para su distribución, las cosas están más claras. Bruselas pretende seguir la vía de aumentar las exigencias en materia de medio ambiente y sostenibilidad para acceder a los fondos y, a la vez, pasar de destinar el 25% a estas medidas, como sucede en la actualidad, a que los mismos se acerquen al 40% profundizando las medidas de rotación, superficies de interés ecológico, pastos permanentes o en el uso de agroquímicos, productos fito y zoosanitarios. Las exigencias a los agricultores y ganaderos van a ser superiores, van a significar más costes, mientras las ayudas tienden a la baja y en el mejor de los casos, a su congelación.