El anuncio esta semana del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año ha supuesto una nueva decepción para los vallisoletanos por el olvido de varias reivindicaciones históricas que nuevamente se quedan sin respaldo económico en las cuentas. Un año más perdido para impulsar la Autovía de León (A-60) y el Campus de la Justicia, dos necesidades de la provincia que llevan décadas de retrasos por causas que no se pueden explicar fácilmente. La única alegría es el impulso que se da a las obras en marcha de la Autovía del Duero (A-11), que avanzará con paso firme al contar con otros 80 millones de euros.
En un primer repaso de las grandes cifras queda un regusto amargo. Realmente no se entiende el abandono de este Gobierno, y de otros anteriores, a la unificación de sedes judiciales en la capital. Tras muchas dudas sobre la ubicación y propuestas de solares, el Ayuntamiento encabezado por el socialista Óscar Puente se empeñó en que el Campus de la Justicia estuviera en el centro de la capital, en torno al antiguo colegio El Salvador. Después de un largo peregrinaje de trámites e intentos de hacerse con la propiedad del edificio, las arcas municipales tuvieron que desembolsar ocho millones de euros para poner el inmueble sin cargas en manos del Ministerio de Justicia, que sin embargo se olvida de ello en las cuentas e incluye únicamente 100.000 euros para 2022. Curiosamente, la misma cantidad que ya estaban en los presupuestos para este año y que no se han utilizado. Para más inri, la ministra declaró ayer mismo que «agilizará el proyecto del Campus de la Justicia» con la redacción del proyecto y que aún espera la cesión de la titularidad del edificio. Demasiadas veces hemos oído similares promesas.
La otra afrenta que recogen los presupuestos o más bien que no recogen es la ejecución de la A-60, autovía que unirá Valladolid con León. La cifra de 700.000 euros que se ha incluido para el próximo año es totalmente ridícula, casi como los 300.000 euros previstos para este 2021. A este paso cuándo se acabará una infraestructura que lleva ya 30 años en proyecto. Si no fuera porque está escrito y registrado en el Congreso de los Diputados, sería para pensar que era una broma, una broma pesada. La ministra de Transportes, Raquel Sanz, justificaba ayer las importantes inversiones en Cataluña por las «necesidades históricas» de aquella comunidad autónoma. Quizás desconoce la reivindicación y las promesas «históricas» de una autovía reclamada por los vecinos de una amplia zona de las provincias de Valladolid y León que ven cómo aún una carretera nacional atraviesa por el centro de municipios tan importantes como Medina de Rioseco.
No quiero ser negativo y tengo que reconocer que también hay algunas buenas noticias. Los 80 millones para las obras de la A-11, en los dos tramos que se encuentran en ejecución en la provincia vallisoletana, o los cerca de 24 millones para la estación intermodal, importante infraestructura para hacer realidad el parque agroalimentario y el 'by-pass', son las dos iniciativas que mayor respaldo encuentran en las cuentas. Habrá que ver ahora si a lo largo del próximo ejercicio son capaces de realizar las inversiones previstas o finaliza la anualidad sin su ejecución presupuestaria. 
En definitiva, el proyecto de ley de presupuestos cuenta con algunas luces empañadas por grandes sombras. Y una vez conocido, hace falta que los dirigentes políticos trabajen para incorporar alguna enmienda que pueda incrementar las inversiones, especialmente en las demandas históricas que no son atendidas por el Gobierno. Suele ser complicado conseguir mayores inversiones que las ya previstas, pero es el momento de demostrar la influencia de algunos socialistas vallisoletanos con el presidente del Gobierno y sus ministros. No confío mucho en ello, por lo que tendremos que quedarnos con unas cuentas que superan a las de los últimos siete años, pero que carecen de fondos suficientes para empezar a cubrir importantes necesidades demasiados años prorrogadas.