El polémico adelanto del horario de toque de queda por parte de Castilla y León la pasada semana se ha convertido en debate nacional. De hecho, va a formar parte de los asuntos que abordarán los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Sanidad en la próxima interterritorial. Pocas comunidades autónomas han quedado ajenas a la controvertida decisión adoptada por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que encontró como primera reacción por parte del Ministerio de Sanidad el anuncio de que recurriría la media ante el Tribunal Supremo. El componente de estrategia sanitaria contra la pandemia, que es el que el Ejecutivo castellano y leonés ha defendido, queda en un segundo plano en esta batalla jurídica en la que el Gobierno central pone como primer objetivo es no minorar la libertad de los ciudadanos.

La judicialización de la lucha contra la pandemia parece una constante en España. Han sido varias las ocasiones en las que las discrepancias entre administraciones autonómicas han acabado en los juzgados y por distintos motivos. Un desgaste innecesario que termina por generar hastío y enorme desagrado entre la ciudadanía, que espera de la clase política soluciones a los problemas. No obstante, a diferencia del exceso de protagonismo político que se ha podido inferir de otras polémicas judiciales, la confrontación de los últimos días entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Sanidad tiene un fondo de indudable interés general. Lo corrobora el hecho de que hasta once comunidades autónomas hayan expresado en mayor o menor medida la aceptación de un marco normativo que permita adaptar el horario de toque de queda a las particularidades de sus territorios. Exactamente, lo que desde el Ejecutivo de Fernández Mañueco se defendió el viernes ante el agravamiento de la situación sanitaria de Castilla y León, pero que no en nada muy diferente a la de la mayoría de regiones, cada día con peores datos.

La interterritorial del miércoles no debe servir solamente para debatir pros y contras de la polémica medida y para que, en su caso, el Ministerio de Sanidad se avenga a tomar en consideración la petición de las comunidades en este sentido, sino también para que se ponga sobre la mesa una estrategia global de lucha contra la pandemia. La gravedad de la situación, con crecimientos exponenciales de los contagios y alcanzándose cifras récor en incidencia, exige más unidad y menos polémicas, si bien el debate no ha de eludir en ningún caso medidas que por muy controvertidas que sean puedan contribuir a doblegar la curva, si están dentro de la legalidad. Es una nueva oportunidad para mostrar músculo y cintura en el objetivo común de frenar los contagios, ante la que hay que actuar con más sentido común y menos política.