El juzgado del 'caso ataúdes' acumula más de 1.300 denuncias

A. G. Mozo
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La defensa intenta que la investigación judicial se ciña solo a los 77 documentados con fotos. Instrucción 6 debe determinar si acepta los 6.000 casos anotados en las libretas de Justo o si también podrían sumarse los de los últimos cuatro años

Registro en El Salvador durante la Operación Ignis. - Foto: J.C.C.

La juez encargada del caso Ataúdes ya tiene sobre la mesa el nombre de más de 1.300 posibles afectados por el cambiazo de féretros en los crematorios de Grupo El Salvador; 910 han llegado desde Comisaría y el otro 30%, directamente al juzgado. Fuentes cercanas al caso explican que el goteo de denuncias «aún no se ha detenido», aunque «cada vez es menor» y todavía se está lejos de esa cifra de casi seis mil presuntos estafados que aparecerían en las 26 libretas que fue elaborando el extrabajador Justo M.G. durante dos décadas y que constituyen la hoja de ruta de la investigación de la Operación Ignis, con la que la Policía acabó con esta supuesta trama y envió a prisión al dueño del imperio funerario, así como a dos de sus hijos, Ignacio -sucesor al frente de la empresa- y Laura -la gerente del tanatorio del camino del Cementerio-. Los tres han ido recuperando la libertad después de depositar fianzas hipotecarias por valor de 1,8 millones de euros en las últimas semanas.
Junto a los tres Morchón, hay otras 23 personas investigadas (empleados actuales y pasados) en esta supuesta trama que se habría desarrollado de forma constante entre 1995 y 2015, las dos décadas que Justo M.G. documentó con sus anotaciones, así como con más de 800 fotos y vídeos. Todo ello salió a la luz tras un registro domiciliario de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en el arranque de la hoy archiconocida Operación Ignis y que en 2018 era solo el rescoldo de un proceso judicial por chantaje que terminó con el extrabajador condenado a un año de cárcel por extorsionar a Ignacio Morchón, al que le exigía un ‘complemento’ para su pensión de jubilación y que abriese la puerta de la empresa a su hijo, a lo que se negó el empresario, pese al envío de unos amenazantes mensajes con varias fotos de esos supuestos cambiazos que habría ejecutado durante veinte años.
PRUEBAS

Precisamente, el peso de esa prueba que constituyen las fotos de Justo son parte del debate jurídico abierto en la instrucción de la causa entre las acusaciones, la juez y la defensa. Los abogados de Grupo El Salvador sostienen que, «por precaución, la instrucción se debería ceñir solamente a los 77 afectados que salen en fotografías», ya que «son los únicos sobre los que realmente se puede discutir si han sido o no probados, el resto son meras palabras que se las lleva el viento», tal como argumenta Javier Ruiz Blay, uno de los abogados del bufete Polanco y Seijas, que lleva la defensa de los Morchón.
Al respecto de los afectados que se incluirán en la causa, la juez del caso tiene tres opciones: ceñirse solo a esos 77 casos que Justo M.G. documentó con fotos y vídeos; dar cabida a todos los que aparecen en las libretas y que se acercan a los 6.000; o sumar también todos los cambiazos que podrían haberse producido desde 2015, ya sin Justo en los crematorios, algo sobre lo que los investigadores tendrían «fundadas sospechas», puesto que las pesquisas policiales siempre han apuntado en la línea de que la práctica de los cambiazos en los dos hornos incineradores de Grupo El Salvador (camino del Cementerio y Santovenia) era «muy habitual», «en el 90% de los casos», tal como apuntan fuentes cercanas.
«Solo los quemaban cuando el ataúd estaba deteriorado. El que tenía un rozón que ya no se iba a poder revender o si tenía alguna mancha del cadáver», explican las mismas fuentes, que detallan que «cada ataúd era utilizado y, por lo tanto, revendido, entre tres y cuatro veces». El proceso que seguían ha quedado certificado por las fotos y hasta por los vídeos almacenados por ese exempleado: «Cuando se cerraba la cortinilla y la cinta iba transportando el féretro, aunque los familiares interpretasen que el ruido de los ventiladores era que ya había entrado en el horno, lo cierto es que hay una zona en la que bajaban el féretro con una de esas camillas automáticas y hacían el cambio. Metían una caja de las baratas o una parte de una de ellas y listo», según desvelan las mismas fuentes a este periódico.
«INCONGRUENCIAS» DE JUSTO

Pero la defensa de los Morchón no concede a esas libretas el mismo crédito que sí le ha dado el equipo de investigadores. Por ello, una de sus últimas peticiones a la juez del caso es la realización de una prueba caligráfica del exempleado, con el fin de comprobar si la elaboración de las libretas se corresponde con  las dos décadas durante las que, supuestamente, estuvo recopilando la información o si, como sostiene la defensa, se elaboró en un plazo mucho menor de tiempo, de entre tres o cinco años. También quieren que se coteje la letra de Justo M.G. y la de las libretas, y que se analicen todos los archivos informáticos que hay en la causa para descubrir la fecha de las fotos y vídeos (hay un informe que señala que el 37% se hicieron un año antes de jubilarse). Además, aprecian «incongruencias» en las anotaciones de las 26 libretas del exempleado: «Hay certificados duplicados con diferentes personas que supuestamente intervienen en los cambios, se recogen supuestos cambios de días en los que él no trabaja u otros trabajadores tenían día libre y que él los ponía como participantes...», detallan.
Todo ello, con el fin de tratar de delimitar qué supuestos cambiazos de ataúdes deben llegar a juzgarse. A juicio de las acusaciones, la juez debería aceptar la personación de cualquier afectado, también de los posteriores a 2015, pero, tal como recuerda la defensa, «la Audiencia Provincial de Valladolid ha dicho que, de momento, solo las de la lista».
Hay acusaciones que cuentan con 40 afectados, como la ejercida por la letrada Bárbara Royo, que han pedido también pruebas con las que comprobar de una forma científica si el contenido que hay en las urnas de sus clientes es el que debiese haber (en caso de que fuese una cremación al uso, con féretro). Defiende la abogada que se trata de urnas que están «selladas», en un cementerio o un domicilio, y que, por tanto, no se habría roto la «cadena de custodia». No sería una búsqueda de ADN, porque éste ya está destruido, pero sí de diferentes componentes de lo entregado en la urna y saber así si hay tierra, arena o sólo restos de una incineración.