La oposición socialista acusó hoy a la Junta de Castilla y León de renunciar a crear la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad, uno de los compromisos del pacto de gobierno de PP-Cs, por contar con “informes demoledores” del Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas y por haber perdido la mayoría absoluta en las Cortes.

En una rueda de prensa, la secretaria autonómica de Organización y vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez, se refirió a los informes preceptivos, paso previo para la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Gobierno y su remisión a las Cortes, para manifestar que no sabe si el proyecto es “manifiestamente malo e ineficaz o deliberado” en la redacción, al tratarse de un asunto elaborado en el departamento de Francisco Igea.

Sánchez precisó que la elección del director o directora de esa oficina se haría por dos tercios de las Cortes en la primera votación y mayoría absoluta en la segunda y subrayó que también el Reglamento de funcionamiento de la misma se aprueba por la Cámara, a la que estaría adscrita, y no por la Junta.

Por otro lado, acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y a su vicepresidente, Francisco Igea (Cs), de “tapar la corrupción” en la Comunidad y advirtió de que va a llegar hasta el final para que se conozca cada último céntimo de los castellanos y leoneses no invertido, mientras se produjo “un despilfarro” en la adjudicación de parques eólicos y compra de los terrenos de Portillo y edificio de Arroyo, investigado por la justicia.

“Vamos a denunciar cada día la falta de ética, de moralidad y las malas prácticas de Alfonso Fernández Mañueco, que no solo siempre estaba ahí, sino que sigue perpetuando a personas que encarnan esas malas prácticas. No sabemos por qué, pero probablemente más pronto que tarde acabaremos por saberlo”, avisó Ana Sánchez en una rueda de prensa junto con Patricia Gómez, secretaria del Grupo Socialista. 

La secretaria autonómica de Organización enumeró las primarias “fraudulentas” del PP de Salamanca, investigadas por la justicia, “la indignidad moral” por la no dimisión del concejal popular salmantino, Daniel Llanos, condenado por triplicar la tasa de alcohemia al volante, y el mantenimiento como asesor de la Presidencia de Ignacio Cosidó, que “sabía todo de la operación Kitchen”, según el comisario Eugenio Pino.

“Ahí sigue, nadie sabe que hace, qué asesora, no se le ve por la Junta, solo cobra”, argumentó la socialista, que se preguntó qué le debe o qué sabe del presidente de la Junta para que se mantenga en el puesto de asesor de la Presidencia.

Pero también censuró que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, haya pasado de “adalid de la regeneración a dócil político a la cola en Génova que reparte carnés del PP” y le recordó, tras exponer “diez mandamientos” para la Convención Liberal, que se ha olvidado del séptimo y octavo, “no mantener a los que roban” y “no mentir”.

En ese marco, Sánchez puso en duda que se vaya a aprobar el anteproyecto de ley por la que se crea y regula la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León, uno de los compromisos de Igea, tras los informes “demoledores” de los consejos Consultivo y de Cuentas por “falta de rigor jurídico e injerencias competenciales”.

"Parece complicado que vayan a investigar su propia corrupción", concluyó la dirigente socialista en declaraciones recogidas por Ical, convencida de que ese compromiso del vicepresidente de la Junta no se cumplirá.