Las escuchas telefónicas practicadas sobre los dos teléfonos móviles de Daniel S.G, "un histórico del tráfico de drogas", guió a la Policía Nacional de Valladolid en el inicio de la denominada 'Operación Rosado' que culminó en marzo de 2018 en la detención entonces de medio centenar de presuntos 'narcos', 16 de ellos ya condenados por su propia conformidad y otros seis en el banquillo de la Audiencia Provincial desde el pasado día 3 de mayo.

La tercera jornada del juicio, tras las anteriores en las que los seis inquilinos del banquillo negaron dedicarse al tráfico de sustancias, ha estado centrada en los testimonios prestados por los policías que participaron en la operación, entre ellos el instructor y el que figuraba como inspector jefe del grupo de estupefacientes, quienes han ratificado la convicción de que aquellas pesquisas iniciales les condujeron al grueso del grupo, integrado, en la cúspide por el 'clan de los Varela', con sede en Tudela de Duero, y, "subordinados" a él, el 'clan de Santovenia", así llamado por su ubicación en dicha localidad vallisoletana.

Los agentes han recordado que la investigación partió de las informaciones sobre la supuesta actividad de Daniel S.G, "un histórico del tráfico de drogas" sobre el que se centro el seguimiento y las escuchas, con autorización judicial, que pudieron constatar los 'pases' de droga que realizaba en las inmediaciones de su vivienda, en la calle Juan Padilla de Cigales, y los contactos que mantenía con Iñaki R, líder de un 'subgrupo' del que más tarde se supo, una vez 'pinchado' también su teléfono, que tenía relaciones con los Varela y el 'clan de Santovenia'.

El aludido Daniel S.G.--es el único de los 23 encausados que no ha comparecido por encontrarse fugado--sería detenido en Madrid el 24 de octubre de 2017 con dos kilos de heroína y tal circunstancia, como así han explicado los policías, en declaraciones recogidas por Europa Press, fue advertida por Iñaki al 'clan Varela' para que extremaran las medidas de seguridad, las mismas que, según sostienen, llevaron a abortar varias operaciones, una de ellas en Galicia, y otra sobre la venta de 10 kilos de marihuana.

La policía mantiene la vinculación entre los miembros del 'clan Varela', con su líder a la cabeza, Rafael, su hijo Manuel, su yerno, Ernesto I. ('Mimi'), y el padre de este último, Juan Carlos, y los también acusados Roberto P.A. y Francisco Miguel A.L. ('Kiko'), al tiempo que ratifica que en los 'pinchazos' telefónicos a ellos practicados aparecen utilizando una jerga característica para referirse a la droga con distintos términos.

Los agentes propuestos por el fiscal del caso también han referido la vida "ostentosa" mantenida por los Varela, "pues cambian de forma habitual vehículos de alta gama" y no se conocen sus medios lícitos de vida, a pesar de que entre los aludidos el cabeza de familia, Rafael, apuntaran en la primera sesión que vive de las rentas de un bar y un piso y además se dedica a la venta de vehículos de ocasión, junto con su actividad de prestamista, de "arreglador" de conflictos entre feriantes y de cobrador de deudas para terceros a cambio de una comisión del 50 por ciento.

En su interrogatorio, el instructor de las diligencias también ha confirmado los distintos efectos que la policía halló en la vivienda de los Varela en Tudela de Duero, entre ellos 36.000 euros en varias cajas de playeras en la habitación de Ernesto I, varias papelinas de droga, kilo y medio de ketamina oculta en un acuario vacío instalado en el salón, tres chalecos antibalas, munición--9 milímetros Parabellum y postas--, una balanza de precisión y recortes de plástico circulares.

Pero además, los funcionarios han explicado que durante el registro del inmueble, en el que se incautaron de numerosos teléfonos y tarjetas de móvil, se localizó en el garaje, tras un armario, una puerta que conducía a través de unas escaleras a una planta inferior en la que había una plantación indoor de marihuana. En otro garaje localizaron material que para el mismo fin había sido recogido por los detenidos en una nave del Polígono de San Cristóbal.

El juicio preseguirá el próximo lunes contra los acusados, que se exponen a penas de entre seis y siete años de cárcel y multas de 300.0000 euros. Otros dieciséis de los detenidos en la misma operación llegaron el primer día de la vista a un acuerdo para sellar condenas de entre un año y tres meses y los tres años de cárcel.