Casi 30.000 castellanos y leoneses se han beneficiado desde mayo de 2021 de la práctica supresión del Impuesto sobre Donaciones, lo que ha supuesto un ahorro fiscal para los contribuyentes de la Comunidad de 218 millones de euros y ha permitido realizar donaciones por valor de 1.444,5 millones de euros.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, presentó ayer en Burgos los datos de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Castilla y León, que ha supuesto un beneficio medio en donaciones de 7.317 euros para los contribuyentes castellanos y leoneses. Recordó que se trata de una bonificación del 99 por ciento del tributo para familiares directos, manteniendo únicamente un uno por ciento a efectos de control.
En este sentido, el responsable autonómico precisó que «ahora Castilla y León tiene diez veces más donaciones que antes de la eliminación», lo que ha permitido «mejorar la actividad productiva, el bienestar de los ciudadanos, mantener la empresa familiar e incrementar la recaudación tributaria en Castilla y León».
Según Fernández Carriedo, en declaraciones recogidas por Ical, estos datos demuestran que la eliminación de este impuesto ha contribuido al crecimiento económico, a la mejora del bienestar de los ciudadanos de la Comunidad –al eliminar la traba que el pago del impuesto pudiera suponer a la transmisión de los bienes entre familiares directos– y al incremento de las bases imponibles en otros tributos.
También, consideró que esta supresión ayuda al relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como al emprendimiento, pues el pago del impuesto no supone un obstáculo para ello. Además, añadió que con esta medida se estimula la demanda interna al generar una mayor disponibilidad de rentas a los contribuyentes de Castilla y León; se incentiva la actividad económica y la inversión, incrementando el consumo por el aumento de la renta disponible para la economía familiar; y se favorece el crecimiento económico y la creación de empleo.
Con la supresión del impuesto, Carriedo explicó que ha seguido avanzando en el desarrollo de una política fiscal moderada y justa, con bajadas de impuestos, para favorecer el crecimiento económico y el empleo y, al mismo tiempo, apoyar a las familias, autónomos, pymes y medio rural con una fiscalidad favorable.
Mejora de la competitividad.
La bonificación del 99 por ciento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de la Junta ha supuesto una mejora de la competitividad fiscal de la Comunidad. De hecho, Castilla y León es «la autonomía que más ha avanzado en 2021 en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, consolidando su posición en 2022», sostuvo.
Así, subrayó que Castilla y León ha subido siete puestos en un solo ejercicio hasta alcanzar la cuarta posición, solo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias, «a diferencia de España que ha retrocedido once puestos, situándose en el cuarto por la cola de los 38 países de la OCDE, como consecuencia de la política fiscal desarrollada por el Gobierno de España». «Las comunidades con un mejor índice de competitividad fiscal son las que más probabilidades tienen de atraer actividad empresarial, generando más crecimiento económico y empleo», resumió.
Otras bajadas tributarias.
Las rebajas impositivas aplicadas por la Junta, que disminuyen la presión fiscal a familias, jóvenes, autónomos y empresas, se completaron en 2022 con la aprobación de la Ley 2/2022, de 1 de diciembre, de Rebajas Tributarias en la Comunidad. Uno de sus beneficios es la disminución del IRPF para todos los contribuyentes de Castilla y León, rebajando la tarifa autonómica en el tramo más bajo, minorando un 5,3 por ciento el tipo mínimo, pasando del 9,5 por ciento actual al 9 por ciento.