Las pretensiones de la norma han sido solo satisfechas en parte, el acceso a la información alcanza unas tasas mínimas, la aproximación de datos a las personas resulta casi imposible o hay falta de compromiso claro de la Comunidad con la transparencia. Son argumentos esgrimidos por la Consejería de Transparencia, Ordenación y Acción Exterior, que dirige el vicepresidente, Francisco Igea, para aprobar una nueva ley que sustituya la actual de 2015. El departamento de Igea ha abierto el procedimiento para la elaboración de una ley más avanzada que la aprobada en 2015 en las Cortes, promovida por el entonces consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez (PP), que en ese momento la calificó de pionera y de ir más allá de la estatal. Sin embargo, el actual vicepresidente (Ciudadanos) realiza una enmienda a la totalidad al exponer los contenidos que se pretenden regular y los problemas a solucionar con una nueva norma, según informa Ical.

Así, se detalla que las pretensiones para dar respuesta a lo recogido en el Modelo de Gobierno Abierto, que se puso en marcha en 2012, los derechos de los ciudadanos con la Administración y lo señalado en el Estatuto de Autonomía han sido satisfechos en parte. «El ejercicio del derecho de acceso a la información apenas alcanza unas tasas mínimas», se indica. También, se señala que los indicadores en relación a solicitudes de acceso tramitadas «reflejan un panorama muy pobre de estimación, que no se corresponde con una sociedad activa y comprometida». Igualmente, refiere que el decreto aprobado posteriormente no aporta novedades a la ley y solo introduce la exigencia de firma electrónica, que no se ve compatible con la esencia del derecho a la información.

Ante los problemas y déficit detectados, la Consejería de Transparencia se decanta por una nueva ley, no por la modificación de la vigente. Califica de «olvido no menor» que no se incluya a las entidades locales, cuando Castilla y León es la comunidad con el mayor número de provincias y municipios y está sujeto, igual que la Administración autonómica, a la normativa básica estatal. Por todo ello, se considera necesario aprobar una nueva ley que corrija la existencia de un vacío legislativo, que garantice un real y efectivo derecho a la información pública para la ciudadanía, que incremente las obligaciones de transparencia activa y que elimine «áreas o materias opacas» en su acceso.