Septiembre siempre es un mes difícil para las familias. Los meses veraniegos suelen ser meses de un gasto importante por los viajes vacacionales, la mayor participación en actividades de ocio y tiempo libre y los carburantes, por lo que la llegada de la vuelta al cole supone una cuesta empinada para los ciudadanos, casi tanto como la de enero. Este año, sin embargo, el esfuerzo que se requiere es casi el doble, ya que los precios han subido justamente el doble de lo que lo han hecho los salarios en lo que va de año. Y eso se nota mucho en las economías domésticas, en su mayoría ya justas después de la crisis económica provocada por la pandemia.
El precio de la vivienda (2,5 por ciento), la cesta de la compra (20), la gasolina o el gasóil (20) y sobre todo la electricidad (44) han experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos doce meses, lo que ha elevado la inflacción al 3,1 por ciento, reflejo de un panorama económico que incluso pone en peligro una recuperación que debe llegar a todos los ciudadanos, en especial a los que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. A esta dificultad que llega con el final del verano se añade, además, la vuelta al cole, lo que supone entre 700 y 2.000 euros aproximadamente por cada alumno dependiendo si van a un centro privado, concertado o público. La situación se presenta complicada para una buena parte de la población, que no anda precisamente sobrada de recursos económicos, por lo que las administraciones deberían plantear soluciones en dos ámbitos, por un lado adoptar medidas para que los precios de los suministros y alimentos básicos no aumenten desorbitadamente y por otro dotar de ayudas a personas y familias para sufragar los gastos que se concentran durante este mes.
La especial dureza de la cuesta de septiembre se hace aún más complicada ante la llegada en los próximos meses de las temperaturas propias del otoño y del invierno sin que el Gobierno adopte medidas efectivas que rebajen la factura de la luz y el gas. Algunas familias no podrán pagar la calefacción y necesitarán ayudas económicas y de todo tipo para garantizar una alimentación básica para sus hijos. Se avecina un tiempo de mucho trabajo para las organizaciones no gubernamentales que atienden las necesidades materiales de los ciudadanos, aunque evidentemente son las administraciones públicas quienes deben garantizar el acceso de los ciudadanos a unos servicios básicos, tanto materiales como de suministros energéticos, por lo que se debe exigir al Gobierno, a la Junta y al Ayuntamiento la adopción de medidas, cada uno dentro de sus competencias, para moderar los precios cotidianos.
Finalmente, también los ciudadanos debemos aportar nuestro granito de arena. Las instalaciones de autoconsumo eléctrico se han disparado en los últimos meses después de que la luz haya subido su precio de una forma impúdica y de que aún continúe la escalada sin que se vislumbre el final de la curva. El Ayuntamiento ya ahorra 122.000 euros en la factura con la energía fotovoltáica que autoabastece sus instalaciones. Este es el ejemplo a seguir, la búsqueda de alternativas mediante cooperativas o autogeneración para el propio consumo puede ser un primer paso para tomar conciencia como sociedad de que el compromiso individual produce beneficios.
Otros de los afectados por esta cuesta de septiembre son las empresas y autónomos. No solo el precio de la luz, sino también los alquileres, los carburantes y la inflacción influyen en una pérdida de competitividad que afecta a las ventas y que pone en desventaja a productos, bienes y servicios que tienen que competir en un mundo global. 
La cuesta se hace dura y empinada y, en ocasiones, muchos ciudadanos y familias necesitarán un empujón para alcanzar la cima. No dejemos a nadie atrás, no es justo y, por supuesto, no es lo que pregonan los políticos para una recuperación justa.