Conducir sin carné es un delito. Muchas veces es el menor de los delitos porque va asociado a otros que derivan en una estancia en prisión. En el pasado 2018, por ejemplo, hubo 154 vallisoletanos a los que la Guardia Civil de Tráfico o la Policía Local sorprendió a los mandos de un coche pese a carecer de carné, tenerlo retirado por orden judicial o haberse quedado sin sus puntos. Todos ellos, obviamente, saltándose un Código Penal que incluyó en su reforma de 2015 ésta y otras actitudes al volante (los grandes excesos de velocidad, los positivos que superen los 0,60 de alcohol, la conducción temeraria...) como un delito castigado con pena de multa, con trabajos en beneficio de la comunidad y también con hasta seis meses de cárcel.
El 41% de esos 154 pertenecen al primer grupo, al de aquellos que conducen sin haber pasado jamás por la autoescuela. En algún caso, incluso sin tener la edad mínima para hacerlo y hubo uno que, el año pasado, se grabó y lo compartió en redes sociales; acabó detenido, por supuesto.
Ellos, todos los que se ponen al volante sin siquiera tener carné, se convierten en delincuentes por la vía del tráfico -«hay casos en los que son sorprendidos ebrios y sin tener carné, por ejemplo», según explican fuentes penitenciarias- o por acumulación de delitos algo más graves (robos, por lo general). Y ellos son los destinatarios del programa de formación vial que se reimpulsó el pasado verano en las cárceles, al suscribir un convenio entre la Confederación Nacional de Autoescuelas e Instituciones Penitenciarias, que ya se ha hecho realidad, entre otros centros, en el de Valladolid.
El programa funcionó de modo ininterrumpido entre 2010 y 2016, pero luego sufrió un parón que ahora se ha reactivado con el que ha sido el séptimo curso formativo que se lleva a cabo en la prisión provincial. «La mayoría de los que pasan por el curso tienen el delito de conducir sin carné», explican fuentes penitenciarias que cifran en un 35% los aprobados de este ‘primer’ curso impartido para una quincena de reclusos.
TAMBIÉN PAGAN LAS TASAS
«En prisión se les prepara y presenta para el teórico. Se les ayuda con el papeleo y las clases son gratuitas, fruto del convenio, pero ellos han de afrontar el pago de las tasas», apuntan. «El nivel de dificultad es el mismo de cualquier examen, aunque son pruebas adaptadas a un nivel académico que suele ser muy bajo, aunque eso es algo que también se hace con determinado perfil de aspirantes en la calle», aclaran.
Uno de los ‘privilegios’ que sí se les da a estos condenaos es que se les conceden dos años de margen para poder aprobar el práctico, que es algo que tienen que hacer «por su cuenta, en la calle», bien cuando obtienen la libertad, bien cuando acceden a la condicional, si están en tercer grado.