La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de cárcel  y casi cuatro de inhabilitación al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca, por irregularidades en la modificación del Plan General en 2003.

Los magistrados de la Sección Cuarta le imponen dos años de cárcel y dos de inhabilitación para el cargo de concejal por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación, y un año y nueve meses de inhabilitación por un delito contra el patrimonio histórico

Además, el tribunal condena a Modesto Mezquita, exjefe del área de Urbanismo, y a Luis Álvarez Aller, arquitecto municipal y coordinador del área de Urbanismo, a sendas penas de un año y tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación urbanística. La Sala, a la hora de fijar las penas, aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Los tres acusados son absueltos del delito de tráfico de influencias por el que también fueron juzgados.  

Juicio 16 años después

El juicio por el ‘caso PGOU’, que investigó presuntas manipulaciones de la cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid entre 2002 y 2007 en favor de determinados empresarios, se retomó el 16 de octubre de este año en la Audiencia de Valladolid después que en septiembre de 2018, el tribunal de la Sección Cuarta decidiera suspender la vista oral para resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados, que coincidieron en argumentar la prescripción de los delitos y en la vulneración del derecho a la defensa por no disponer de la documentación completa de toda la causa, según informa Ical.

Un mes después, la Audiencia de Valladolid acordó el sobreseimiento del proceso para diez de los 14 acusados, al considerar prescritos los delitos. El juicio, que se celebró hasta avanzado el mes de octubre, se celebra casi 16 años después de que se produjeran los hechos, la alteración del PGOU antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, en favor de determinados promotores urbanísticos.

La Fiscalía vallisoletana mantuvo las penas de cuatro años de prisión para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Finalmente, la sentencia, de 40 horas, recoge que el periodo de instrucción ha durado casi once años, durante los que apunta "se acumuló documentación, en muchos casos prescindible", lo que para la Sala dio "una apariencia de complejidad no real".