La cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena. Esto es el salario, según la definición académica de la RAE, sin entrar en disquisiciones sobre si es escasa o excesiva la cuantía por el trabajo realizado. De todas formas, no son buenos tiempos para los empleados, al menos para miles de ellos, que han visto renovado su convenio colectivo por una cifra muy por debajo de lo que se incrementa el coste de la vida. Sin ir más lejos, el aumento contemplado por los convenios firmados en la provincia fue el tercero más bajo de toda España, ya que apenas supera el 1 por ciento cuando el IPC alcanzó un 7 por ciento, tres décimas por encima de la media nacional. La conclusión es clara: los trabajadores vallisoletanos perdieron poder adquisitivo de forma importante, ya que el 80 por ciento de los acuerdos entre patronal y sindicatos no contempla una cláusula de revisión salarial para estos casos.
Estos son los tristes datos sobre el mercado laboral existente en Valladolid. Los salarios van a la baja mientras la cesta de la compra sube y no digamos ya los carburantes, la luz o la calefacción. La aprobación de la reforma laboral puede suponer un impulso, especialmente en el recorte de la temporalidad en la contratación, pero los bolsillos de los trabajadores sentirán notando el frío según avance el mes y se vayan vaciando. Indudablemente, la mejora de las condiciones laborales debe ser siempre un motivo de preocupación para los gobernantes, lo mismo que para los sindicatos e incluso para la patronal. No olvidemos que el desarrollo y el crecimiento debe ser común. Cuanto mejor les vaya a los trabajadores mejor les irá a las empresas y viceversa. Empresarios y empleados viajan la mayoría de las ocasiones en el mismo barco y su futuro va unido en muchas pequeñas y medianas empresas, que son las que predominan en la provincia y en la Comunidad.
Pensionistas y empleados públicos están revalorizando sus salarios casi a la par que el IPC, lo que está bien, pero en muchas ocasiones se olvida de los trabajadores del sector privado. Evidentemente, la crisis económica provocada por la pandemia aún lastra algunos sectores y muchas empresas no han recuperado la situación anterior, por lo que es comprensible una 'pausa' en el avance salarial de las personas y familias dependientes de ellas. Ahí es donde deberían ir los esfuerzos del Gobierno, en ayudar al sector productivo y al sector servicios a navegar por esta marejada económica para iniciar cuanto antes una senda alcista que permita el crecimiento de las remuneraciones percibidas por los trabajadores con la firma de nuevos convenios colectivos. 
Esta misma semana hemos conocido un nuevo acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, conocido como SMI, entre el Gobierno y los sindicatos. Se ha roto el consenso del diálogo social y, en esta ocasión, la patronal CEOE no se unido a la firma por considerar que no es el momento adecuado para alcanzar los 1.000 euros de salario mínimo. Desde luego, no seré yo quien se oponga a un avance de justicia social, pero sí que considero inoportuna la decisión, incluso la veo un poco precipitada. El mercado laboral no puede ser agitado continuamente, convendría un poco de sosiego, esperar a que reposen las nuevas medidas de la reforma laboral y poner mayor empeño en conseguir un consenso entre los actores económicos y sociales. Ha parecido que el Gobierno, o quizás es mejor decir la ministra de Trabajo, tenía demasiada prisa por apuntarse otro tanto y eso no es bueno cuando se pretende gobernar para todos y buscar el interés general.
En conclusión, la primavera puede calentarse si no se vislumbra un crecimiento de los salarios acorde al coste de la vida. Si el IPC mantiene la tendencia alcista del último año y los trabajadores sienten vacíos sus bolsillos es fácil que la conflictividad aflore y eso casi nunca es bueno.