El independentismo se aproxima al primer aniversario de las elecciones del 14 de febrero de 2021 atrapado en una paradoja: nunca como ahora había dispuesto de tanta representación parlamentaria, pero la falta de una hoja de ruta unitaria impide que pueda traducir su fuerza en avances tangibles.

La suma de los partidos y grupúsculos independentistas sobrepasó por primera vez la mitad de los votos en Cataluña, por lo que suelen definirse como la mayoría del 52 por ciento, un año después del 14-F, y con un Govern de ERC y JxCat presidido ahora por Pere Aragonès, no hay un plan para dar continuidad al procés.

Los límites de la desobediencia, pregonada en los últimos años por JxCat y la CUP, se pusieron de manifiesto el 3 de febrero, cuando el Parlament aprobó un dictamen que avalaba mantener el escaño a Pau Juvillà, quien sin embargo no fue convocado al pleno, no se le permitió votar y, horas más tarde, fue dado de baja como diputado, en cumplimiento de la orden de la Junta Electoral Central (JEC).

El boletín oficial del Parlament publicó la baja del diputado cupero en cumplimiento de la resolución de la JEC, que ordenaba retirar el escaño al secretario tercero de la Mesa, inhabilitado por no descolgar cuatro lazos amarillos de su despacho en la Paeria (Ayuntamiento)de Lérida durante un período electoral. Además, según la página web de la cámara catalana, se le dio de baja a fecha 28 de enero.

Según fuentes de la Mesa y de la Junta de Portavoces, la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, aseguró que ignoraba que Juvillà ya no era diputado cuando se activaron una serie de acciones políticas para «defender» su escaño.

Incluso los funcionarios del Parlament, atemorizados por el posible conflicto legal, avisaron por carta a Borràs de que no habilitarían el sistema electrónico para votar en el pleno el dictamen sobre Juvillà. El episodio desató un cruce de reproches entre la CUP y Borràs: los anticapitalistas la acusan de no querer defender el escaño de Juvillà, más allá de una mera escenificación simbólica; en JxCat replican que lo único que pretendía la CUP era arrojar a Borràs a la «papelera del Código Penal» con un acto de desobediencia estéril.

ERC ha mantenido en toda esta polémica un perfil bajo, contemplando el desgaste de sus socios de Govern por un caso parecido al que afrontó en 2020 Roger Torrent cuando, como presidente del Parlament, acató la retirada del escaño a Quim Torra, inhabilitado como president, lo que le valió críticas «injustas» de JxCat y de Borràs, a quien los republicanos reclaman ahora «explicaciones» por el desenlace del caso Juvillà.

Brecha en los socios

Este caso ha ahondado la brecha entre Junts y la CUP, que empezó la legislatura como socio preferente del Govern, invistiendo a Pere Aragonès como president, y acabó el año 2021 votando en contra de los presupuestos de la Generalitat.

Aragonès tuvo que buscar una alternativa para aprobar las Cuentas y la encontró en los comunes, pero el apoyo parlamentario de los de Jéssica Albiach puede tambalearse ahora, después de que ERC haya rechazado la reforma laboral del Gobierno en el Congreso, por lo que el president intentará recomponer la relación con la CUP.

En la Cámara Baja, ERC quiere hacer valer sus 13 escaños e influir en las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, una colaboración que se ha traducido, por ejemplo, en su apoyo a los últimos Presupuestos Generales del Estado, aunque los republicanos se han quedado fuera de la mayoría que aprobó hace poco más de una semana la reforma laboral.

El apoyo de esta formación al Gobierno ha motivado los reproches de JxCat, que a falta de influencia de sus cuatro diputados, insiste en un frente unitario independentista en Madrid; mientras, los cuatro diputados del PDeCAT buscan un perfil moderado y abierto a acuerdos.

Ni mesa ni diálogo

Aragonès apostó desde su investidura por la vía negociada con el Estado, que se reactivó en septiembre con una reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña a la que, sin embargo, la Generalitat acudió con una delegación sin consellers de JxCat, ya que el president vetó los nombres propuestos por sus socios al ser perfiles externos al Govern.

JxCat, muy escéptica con los frutos que puede dar esta mesa de diálogo, tiene a todos sus pesos pesados fuera del Govern y no prevé modificar su propuesta de nombres, por lo que podría quedarse nuevamente fuera de la próxima reunión, que debería celebrarse estos meses aunque aún no tiene fecha. Ni fecha, ni hoja de ruta ni temas a debatir, el Govern, un año después de las elecciones, no tiene rumbo.