Existe un consenso general dentro del mundo laboral sobre la importancia que tuvieron los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar una oleada de despidos durante la pandemia, ya que muchas empresas se vieron obligadas a parar temporalmente su actividad y otras vieron gravemente mermados sus ingresos durante los meses posteriores a la declaración del estado de alarma. Sin embargo, pese a esta herramienta, lo cierto es que los despidos registraron un repunte durante el primero año de la crisis sanitaria en Valladolid. Los 4.659 que se habían registrado en 2018 y los 4.776 de 2019 pasaron a ser 5.099 en 2020.
Los datos de 2021, recién publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, muestran que la cifra de despidos se ha moderado respecto a 2020, pero sigue estando muy por encima de lo que era normal antes de la pandemia. En ese ejercicio se registraron 4.901, un 3,9 por ciento menos que en 2020, pero un 2,6 por ciento más que en el último año antes de la pandemia. Por sexos, seis de cada diez despidos afectaron a hombres y cuatro, a mujeres.
Los datos del Ministerio también revelan que la indemnización media que se paga en Castilla y León asciende a 8.955 euros, muy por debajo de los 11.417 euros de la media española. Este indicador muestra abismales diferencias entre comunidades autónomas, que van desde los 4.437 euros de Ceuta y Melilla a los 15.940 euros de Madrid.
También hay muchas diferencias en Castilla y León entre las indemnizaciones que reciben los trabajadores en función del contrato que tienen. Por ejemplo, los que tenían uno temporal a tiempo parcial recibieron de media poco más de 600 euros, frente a los 14.444 de los que tenían uno indefinido a tiempo completo.
A juicio
Aunque la mayor parte de estos procesos acaba con un acuerdo entre ambas partes, uno de cada cuatro casos termina en el juzgado. Así lo demuestran los Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que regularmente publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según esta fuente, en 2021 se presentaron 1.375 demandas por un despido, es decir, un 28 por ciento del total de despidos de ese año.
Durante la pandemia, el Gobierno, además de los ERTE, puso en marcha medidas para reducir los despidos. Por ejemplo, 'prohibió' los despidos objetivos entre las empresas que se beneficiaran de las ayudas contempladas en los ERTE, mediante una regulación que las obligaba a devolver las exoneraciones de la cotización a la Seguridad Social, no solo de los trabajadores que pudieran estar afectados por esos despidos, sino las de toda su plantilla.