A pesar de que la crisis económica que azotó a empresas y familias por igual hace algo más de un lustro parece un mal sueño, lo cierto es que todavía sus consecuencias siguen siendo una realidad para muchos castellanos y leoneses. De hecho, cada vez hay más familias que, atenazadas por las deudas contraídas durante la fase más dura de la doble recesión, se declaran en concurso de acreedores ante la incapacidad de hacer frente a las obligaciones que tienen pendientes, y estas ya suponen casi la mitad de los procesos que se producen enCastilla y León. Una realidad que se traduce en como estas peticiones se han duplicado en el último lustro, pasando de 14 particulares en situación concursal en el primer semestre de 2015 a los 44 del presente curso, según los últimos datos que maneja elInstituto Nacional de Estadística (INE). Una situación similar han experimentado los autónomos, que han pasado de 4 a 6 en el mismo periodo, aunque estos han experimentado una mayor variación.
Este procedimiento, que en un principio acaparaban las empresas, ahora está derivando una forma de que los particulares de la Comunidad escapen de una situación de insolvencia. Un cambio de tendencia que se ve reflejado en los números, toda vez que si en 2015 los particulares y autónomos de Castilla y León en procesos concursales apenas representaban el 14 por ciento de los 125 casos registrados en la Comunidad durante el primer semestre del año, entre enero y junio de este curso el porcentaje se ha disparado hasta e 45 por ciento de los 109 casos. O lo que es lo mismo, casi la mitad de los concursos de acreedores que se firman en la región tienen como insolventes a particulares y autónomos. De igual forma, estas cifras tienen una vertiente positiva, ya que cada vez son menos las empresas de la Comunidad que se ven abocadas a utilizar este mecanismo ante una situación de insolvencia financiera, cuando las deudas se vuelven insostenibles.
Evolución
Para hacer frente a situaciones de quiebra entre particulares, el Gobierno articuló en 2015 la Ley de Segunda Oportunidad, para que familias y autónomos puedan exonerar sus deudas como hacen las empresas. Una posibilidad a la que cada vez se han acogido más personas en la Comunidad, pasando de la treintena en 2016 a los casi 300 acogidos a esta en 2018 -último con datos oficiales-. «Lo primero que debería hacer una persona que se encuentra en una situación crítica es buscar asesoramiento y recurrir a profesionales especializados que estudien su caso en profundidad», aseguran desde la web Repara Tu Deuda. «El perfil de los particulares y autónomos que han iniciado los trámites para acogerse a esta ley es el de familias que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, negocios embargados tras la crisis o cuentas bloqueadas por impagos de tarjetas», explican.
La Ley permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado «de buena fe» e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda y fijar un calendario de pago inferior a diez años, recuerdan. Así, Castilla y León se sitúa en el sexto puesto en número de personas acogidas a esta opción, por detrás de Cataluña (3.023 solicitudes), Madrid (966), Valencia (832), Andalucía (505) y Aragón (412).