La Legislatura que terminará este domingo no ha sido fácil para los responsables políticos de la Junta de Castilla y León. La pandemia trastocó los planes iniciales y arrancó de cuajo todas las previsiones de proyectos e incitativas regionales y provinciales pendientes de desarrollo. La lucha contra el virus centró buena parte de la actividad política del Ejecutivo regional, algo que deberá cambiar a partir de la elección del nuevo presidente. 

La sociedad vallisoletana, a través de colectivos, asociaciones y agentes sociales y económicos, está pendiente de lo que pueda ocurrir y de quién ocupará la Presidencia de la Junta. Está pendiente y con un completo listado de reivindicaciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia.   

El empresariado vallisoletano tiene cristalino que el futuro presidente debe crear un ambiente de confianza económica para que los negocios puedan continuar su crecimiento en los próximos cuatro años. Piden confianza, pero también líneas políticas de defensa del tejido industrial ya existente. Por su parte, los sindicatos de clase le solicitan una apuesta decidida por Valladolid y la creación de un nuevo modelo productivo que se base en la digitalización de las empresas.  

El campo tiene claro que el futuro presidente debe cumplir lo que diga. No quiere más promesas incumplidas. Necesitan implicación con un sector históricamente castigado y por eso solicitan que se cumpla con la palabra dada y se alcancen «unos precios justos» para el mantenimiento de la población en el medio rural. 

El comercio, el turismo y la hostelería han sido tres de los sectores más castigados durante los dos últimos años por la pandemia. Muchos negocios se han visto obligados a echar el cierre y por ello solicitan un plan integral, fiscalidad positiva y ayudas económicas directas para reflotar sus negocios durante los próximos cuatro años. En el comercio van incluso más allá y solicitan ser considerados como un sector estratégico para salir de la crisis en la que están inmersos. 

El tercer sector vallisoletano también tiene sus reivindicaciones. La Ley de Accesibilidad es el gran caballo de batalla de este colectivo, que también considera que se debe poner mayor empeño en la lucha contra la desigualdad. 

Acuerdos y mejoras económicas y laborales solicitan los funcionarios y el personal sanitario. Las 35 horas semanales han sido una de sus principales luchas en estos años y no piensan renunciar a ello. 

Y los pueblos pequeños no se mueven ni un ápice de sus reivindicaciones históricas para dejar de sentirse como «ciudadanos de segunda». Mejores servicios, especialmente en materia sanitaria y de transporte, y la llegada de internet de alta velocidad «de una vez por todas» centran su batalla política. Los mayores, por su parte, que se solventen sus problemas con los bancos.