Nuevo paso atrás en elDiálogo Social de Castilla y León. Los mensajes positivos transmitidos durantes las pasadas jornadas en el seno del modelo de concertación tras las mesas de Educación y Familia, ambas dirigidas por elPP, se tornaron ayer en una nueva oleada de críticas desde la patronal y los sindicatos contra el consejero de Empleo e Industria, MarianoVeganzones, y, de pasada, al presidente de la Junta, AlfonsoFernádez Mañueco, al que exigieron que «convenza» al titular de Vox: «Está en contra de todo en materia de empleo». Una crítica que verbalizaron tras una larga reunión de la mesa negociadora del Diálogo Social en materia de empleo, y en la que tacharon al consejero de «inepto y políticamente torpe».

«Más incertidumbre y más desgobierno que nunca», lamentaron los agentes sociales, que constataron el «incumplimiento» por parte de la Consejería de los acuerdos vigentes y ya firmados por el presidente de la Junta en el último año. En este sentido,  el secretario de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia, criticó que el consejero haya reconocido que si los sindicatos «le obligan y le fuerzan», legalmente tendrá que ejecutar el presupuesto y el acuerdo, pero que aseguró, durante la reunión y siempre según fuentes sindicales, que «impera mucho más el grupo político Vox que los propios acuerdos», los cuales desconoció «cuándo los cumplirá».

A pesar de ello, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, propuso a los agentes sociales y económicos mantener el Diálogo Social «sin que tenga un gasto superfluo», según indica la Junta en un comunicado enviado tras la reunión.

La Consejería desveló que en esta primera mesa negociadora se ha tratado la vigencia de los acuerdos y los primeros temas en abordarse han sido los que se encuentran incluidos en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, 2021-2024. En este marco, en los próximos días e convocará la mesa de negociación del Plan Anual de Empleo de Castilla y León (Paecyl).

Por otro lado, el acuerdo sobre la formación para el empleo «dejó de estar vigente en febrero de 2022», según la Consejería, que plantea «volver a negociar este convenio en base a la nueva normativa de formación en el trabajo y la próxima ley de empleo».

La valoración de los sindicatos y la patronal fue radicalmente distinta. Santa Eufemia (UGT) sostuvo que Veganzones admitió en la reunión, en la que estuvo acompañado por todo su equipo de la Consejería, que están en vigor cuatro acuerdos del Diálogo Social, pero mostró su duda sobre la ejecución. «Vox quiere forzar los acuerdos y nos convoca a una permanente para ver a donde vamos con estas políticas», expuso.

Similar opinión trasladó CEOE Castilla y León, que declaró que «ha quedado de nuevo en evidencia que ni la palabra ni la firma del presidente de la Junta tienen valor y, lo más grave, que este incumplimiento repercutirá en servicios que se prestan a los ciudadanos, para beneficio exclusivo de la contratación de numerosos asesores políticos», tal como refleja el Boletín Oficial de la Comunidad.

En la misma línea se posicionó el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, que calificó la reunión de «rotundo fracaso» tras cuatro horas en las que «podrían encontrarse cauces de entendimiento para cumplir los acuerdos vigentes». Incluso ha alabado que alguno de los miembros de su equipo «ha buscado salidas» pero Veganzones se ha reiterado en que no cumplirá, entre otros, los planes de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales y migraciones. «Ha dicho que en lo que esté en su mano no va a dar marcha atrás», sentenció.

Recortes del Serla

Por su parte, el consejero también propuso asumir la financiación del SERLA si se reduce el gasto al "coste real del servicio", ya que, a su juicio, "ahora está inflado en un 700 por ciento". En este tema se ha analizado la vigencia y las exigencias de este servicio, así como el coste que supone para la Administración. Mariano Veganzones ha manifestado con claridad que "desde la Consejería no es asumible financiar una fundación que presta un servicio que tiene un coste siete veces mayor que si lo hiciéramos con recursos propios".

En cuanto a su vigencia, el consejero ha destacado que tanto los acuerdos relativos al SERLA como el convenio para su financiación, ya fueron denunciados en septiembre de 2020 por la consejera de Industria y Empleo de la legislatura anterior, Ana Carlota Amigo, constatando su vencimiento en octubre de 2020.

El Consejero ha añadido que una vez analizado el coste que supone esta fundación con cargo a los presupuestos de la Comunidad, y "teniendo en cuenta la voluntad de eliminar el gasto superfluo que no redunde en beneficio de los trabajadores, no es posible en estas condiciones abordar la continuidad a este gasto". "Son las partes, patronal y sindicatos, las que decidieron dotarse de los acuerdos de solución extrajudicial de conflictos y que la administración, en caso de que sea necesario, estará dispuesta a dar soporte con medios propios para la prestación del servicio de mediación laboral y arbitraje, respetando siempre las decisiones de las partes en este ámbito", señaló la Consejería en un comunicado.

El SERLA tiene una financiación de 540.878 euros que corresponden a gasto corriente para su mantenimiento, y además, los agentes sociales reciben 232.500 euros por su colaboración en la Fundación, según explicó Veganzones. Además, en 2021 atendió 290 conflictos colectivos y 2.718 individuales, relacionados con Valladolid. Igualmente, las Oficinas Territoriales de Trabajo, en 2021, han atendido 12.657 conflictos individuales, lo que supone que cada técnico de la Junta puede asumir de media 1.582 casos.

Con estos datos, desde la Consejería se ha propuesto negociar el servicio que presta la Fundación, al mismo coste que tendría este servicio si lo asumiera la Oficina Territorial de Valladolid, lo que supondría un ahorro de 668.000 euros para la Administración pública, estimó.