Era, hasta hace poco, una de las promesas de apertura democrática en Asia. Sin embargo, un golpe de Estado frustró hace poco más de un año la estabilidad y el crecimiento logrado en la última década y sumió a Birmania en una espiral de violencia que, lejos de aplacarse con el paso de los meses, va en aumento, sin que haya visos de una salida en el futuro próximo.

La llegada de los militares al poder ha frenado los avances logrados desde que se inició la transición democrática, en 2011, y ha empeorado notablemente la situación de una población civil que no ha cedido al desaliento, primero con un movimiento pacífico que tomó las calles para exigir el regreso del derrocado Gobierno de Aung san Suu Kyi y después con la militarización de parte de la resistencia de la mano de la llamada Fuerza de Defensa del Pueblo y de otras milicias que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

El Tatmadaw -como se conoce al Ejército- ha redoblado sus ataques para tratar de someter a los opositores al régimen liderado por el general Min Aung Hlaing, una disidencia inesperada por los golpistas, que han respondido con fiereza: según los balances de varias ONG, al menos 1.500 personas han muerto por la represión brutal de la Policía y los soldados, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, hay más de 12.000 detenidos por levantarse contra la asonada -entre ellos la propia Suu Kyi- y se han producido cerca de 320.000 desplazamientos internos.

Una violencia que ha situado a Birmania solo por detrás de Siria en cuanto al número de ataques a civiles perpetrados el pasado año: 7.686, un centenar menos que los registrados en la nación árabe, sumida en una guerra civil desde hace más de una década. De hecho, según las cifras de la ONG ACLED (Proyecto de Datos y Sucesos de Conflictos Armados), entre septiembre y diciembre de 2021 se vivió en el país más ataques que los que sumaron Siria y Afganistán en el mismo período de tiempo.

En la sombra

Una de las recientes muestras de su brutalidad fue una masacre cometida contra civiles el 24 de diciembre, cuando los cadáveres de 35 personas, entre ellos cuatro niños, aparecieron calcinados en el estado occidental Kayah tras un ataque del Tatmadaw.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, a las que expertos estiman que se han unido miles de birmanos desde hace meses, formándose en zonas controladas por las numerosas guerrillas de minorías étnicas que operan en el país desde hace décadas, han incrementado su resistencia.

Son el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), leal a Suu Kyi y constituido en abril por políticos derrocados y activistas prodemocráticos para plantar cara a la junta militar, presentándose como el representante legítimo de Birmania.

Operando de forma clandestina, tachado de «terrorista» por la junta militar, el Ejecutivo en la sombra es visto por muchos como la única salida política viable, si bien se enfrenta a innumerables retos; entre ellos, el de conseguir expandir su control desde la lejanía, pues muchos de sus miembros están en el exilio, y ser reconocido internacionalmente.

La población está cada vez más enfrentada y la situación podría ir a más si Min Aung Hlaing mantiene sus planes de convocar elecciones a mediados de 2023. Unos comicios sin visos de representatividad real, con decenas de líderes opositores en prisión. Por eso, con el NUG firme en defender su proyecto –apoyado por su brazo armado- y el Tatmadaw enrocado en no ceder poder, se prevé que esas elecciones se conviertan en un disparador más de la disensión y las revueltas en un país ya sumido en el caos.