La Asociación para el Desarrollo y Defensa del Mundo Rural y el Medio Ambiente-Alma Rural está desarrollando una labor de sensibilización, información y movilización ante el anuncio de la consulta pública previa acerca del anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, que según Sergio García Torres comenzará a tramitarse este mismo mes de febrero. Un grupo de juristas, agrupados en torno a la idea común de defender los derechos de las personas y el bienestar de los animales con los que compartimos ecosistema, incluso más allá de las urbes, nos hemos puesto a ayudar a Alma Rural en este movimiento.
El estudio del anteproyecto, hecho público por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, nos ha llevado a una honda preocupación. La filosofía de este texto, absolutamente estatalista, nos parece extraída de las peores pesadillas de George Orwell en su novela 1984. Igualar a personas y animales en derechos significa tratar a las personas como animales. Puede que eso no les resulte extraño a los seguidores de gulags y telones de acero, pero todavía somos una mayoría insondable los que creemos en Europa, cuna de la civilización, que la persona es portadora de valores humanos indisociables de su condición, capaz de ser consciente y libre por causa de su inteligencia. Y eso nos distingue del resto de seres con los que cohabitamos este planeta azul. Esa condición humana, basada en su consciencia y voluntad de libertad, no puede ser igualada por seres carentes de consciencia, aunque posean sensibilidad sensorial: los animales.
Y desde esa errónea filosofía, hemos advertido insondables problemas jurídicos y económicos que nos animan a pedir sustanciales modificaciones del anteproyecto. Tememos aburrir, pero no puedo dejar de advertir que el Anteproyecto supone:
-Afectación directa de derechos fundamentales del Capítulo II del Título I de la Constitución Española (intimidad personal frente al uso de la informática, propiedad privada al limitar la reproducción de los animales, libertad de empresa al prohibir las tiendas de animales).
-Contradicción con normas de rango superior (en concreto, con el art. 136.4 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en relación a la formación de un archivo de condenas por delito contra los animales).
-Colisión con normativas específicas más concretas (Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, Anexo 1 del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 ).
-Colisión normativa con comunidades autónomas y municipios, regulando materias de marco competencial autonómico y local, con imposición de cargas presupuestarias inexistentes hasta el momento.
Junto a todo ello, el urbanitismo colectivista que impregna el anteproyecto trata igual a todos los animales del entorno humano. Le dan igual perros o gatos que ratas, pulgas y gusanos. Y así, no toma en consideración las especialidades de los animales empleados por el hombre, como los perros pastores en la ganadería, los de rehala en la caza, los hurones, los perdigones, etc.