La Asociación Vallisoletana de Empresas de Informática (AVEIN), integrada en CEOE Valladolid, alerta del sobrecoste que implicará para las pymes y autónomos la Ley 'Crea y Crece', que obligará a las empresas a utilizar la factura electrónica y cuyo desarrollo reglamentario no contempla el despliegue de ninguna plataforma pública y gratuita para la emisión de facturas electrónicas, lo que obligará a la contratación de este servicio de manera privada.

Si bien la ley tiene puntos positivos para favorecer el crecimiento empresarial y medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, "la actual redacción de esta norma es especialmente negativa para tejidos empresariales como el de Valladolid y Castilla y León, en el que la mayoría de las empresas son pymes y autónomos. Nos podemos encontrar con situaciones en las que para emitir nuestras facturas estemos obligados a contratar una plataforma privada, lo que supone un coste adicional directo", explica el presidente de AVEIN, Fernando Pérez.

De acuerdo con los datos de los operadores privados de facturación electrónica analizados por CONETIC (la patronal nacional de los empresarios TIC de la que forma parte activa AVEIN), el coste medio de emisión de facturas electrónicas para las empresas es de unos 300 euros al año, más servicios adicionales. Este coste es notablemente inferior al de emisión de facturas en papel, pero más caro que el uso de una plataforma pública gratuita. 

Teniendo en cuenta el número de empresas y autónomos que hay en España, más de 3,4 millones de las primeras y 3,3 millones de los segundos, este pequeño coste por factura representa un coste de intermediación de unos 1.000 millones anuales. Como ejemplo, una pyme que emita 500 facturas tendría un coste de unos 25 euros al mes.

En 2021 en España se intercambiaron 296 millones de facturas electrónicas en el ámbito B2B y 14 millones de facturas en el ámbito B2G. Las Facturas electrónicas presentadas a través de FACe a las distintas Administraciones Públicas (AAPP) desde 2014, por el momento solo siendo obligatorias aquellas con importe superior a 5.000 euros, a fecha del 31 de enero de 2022, fueron 92.131.806 siendo los mayores emisores las pequeñas empresas.

Por ello, desde AVEIN se solicita que el reglamento que desarrolle la Ley 'Crea y Crece' establezca explícitamente la posibilidad de usar una plataforma pública y gratuita para la entrega y recepción de las facturas electrónicas y que no sea obligatoria la contratación de un servicio de intermediación con empresas de mensajerías privadas.

Hay que crear un reglamento donde el intercambio de facturas electrónicas se hace sobre una plataforma pública, gratuita y con una sola forma de entrega, con independencia del tipo de cliente destinatario, bien sea un organismo público, una empresa privada o una persona física. Además, elimina la necesidad de comunicación de reportes fiscales, suprimiendo comunicaciones como el SII.

Para AVEIN, además la norma plantea un sistema de facturación ineficiente para las empresas, que complica la tramitación en vez de simplificarla, al tener que usar dos modelos de entrega de facturas diferenciadas en función de si el cliente es público, para el que se cuenta con la plataforma FACe, o privado. 

La interoperabilidad, la capacidad de compartir datos y el intercambio de información y conocimiento es un punto fundamental para el desarrollo correcto de esta Ley.

"Creemos que lo más adecuado es implantar un sistema de facturación electrónica integrado, gratuito y con una sola forma de entrega, que nos permita simplificar procesos y mejorar la gestión, lo que redundará en un ahorro de costes. Una oportunidad única de transformación y simplificación de procesos en empresas y administraciones, al incorporar las facturas recibidas a sistemas informáticos de forma automática y sin errores y eliminando, además, la presentación de registros fiscales, como el SII, a la Agencia Tributaria", señala Fernando Pérez.

Desde AVEIN TIC, además, se advierte que la actual redacción del reglamento implica un riesgo en la protección de nuestros datos fiscales y de facturación al tener que hacerlo a través de un intermediario. "Al emitir la factura, ponemos en manos de terceros, nuestros datos fiscales y de facturación, sin que la actual redacción de la ley contemple la protección de los mismos ante ataques a la información o las indemnizaciones ante el uso indebido de los datos de las facturas por parte de terceros", señala Fernando Pérez

'Crea y Crece'

El objetivo de la Ley Crea y Crece es reducir el coste económico para crear empresas y simplificar los trámites. Se podrá constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, frente al mínimo actual de 3.000 euros; por otra parte, se promueve la creación telemática, con la consiguiente reducción de plazos y de costes notariales y registrales. 

Para favorecer el crecimiento empresarial, la norma incluye medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad y solvencia de muchas empresas, en especial las pymes. 

Para combatir esa morosidad entre otras iniciativas, destaca en página y media entre las 73 que conforman la ley, la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos para garantizar así una mayor trazabilidad y control de los pagos. Además, el texto establece que las empresas que no cumplan los plazos legales de pago no podrán acceder a subvenciones públicas, incluidas las del Plan de Recuperación. El Gobierno prevé la creación, en el plazo de seis meses, de un observatorio estatal de la morosidad, que se encargará de hacer un seguimiento de los plazos. 

La norma mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar obstáculos, agilizar los procedimientos y ampliar el catálogo de actividades exentas de licencia. Asimismo, refuerza el papel de la nueva conferencia sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios. Además, la Ley potencia los instrumentos alternativos al crédito bancario, como el 'crowdfunding' o la financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo, explican desde CEOE Valladolid e un comunicado.