Un estudio, por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Valladolid, estima que la recuperación de la jornada semanal de las 35 horas -reduciendo 2,5 horas- puede suponer la creación de unos 445 puestos de trabajo en la provincia de Valladolid. De ellos, unos 277 serían empleos sanitarios de los servicios hospitalarios y las áreas de Atención Primaria, y el resto (unos 168) de personal no sanitario como administración o mantenimiento.
El presidente del sector provincial de Sanidad en CSIF Valladolid, Javier Hernando, aclaró que este incremento no supondría un aumento de las plantillas que había en el año 2012, sino la recuperación de unos puestos suprimidos en los últimos años, y que la Junta no ha sustituido, a pesar de las críticas y denuncias de falta de personal realizadas por este sindicato.
En total, explicó, el número de horas que supone reducir 2,5 horas por semana a todos los trabajadores sanitarios, según las plantillas orgánicas de las gerencias de Valladolid, asciende a unas 645.500, de lo que se deriva una estimación de creación de esos 445 puestos de trabajo. En este dato, por ser información desconocida, no se ha tenido en cuenta el número de días canosos, libres disposición y descuentos por ponderación de jornada por noche que puedan disfrutar los trabajadores de plantilla.
El reparto de esos 277 nuevos puestos sanitarios, según categorías, quedarían así: 107 médicos, 110 enfermeras, seis enfermeras especializadas, siete TCAE, cinco matronas, 12 fisioterapeutas, dos técnicos de farmacia y 28 técnicos superiores (laboratorio, radioterapia, radiodiagnóstico, anatomía patológica). Además, se crearían otros 168 empleos de personal no sanitario (celadores, administración, mantenimiento, servicios).
Asimismo, la presidenta provincial de CSIF en Valladolid, María José San Román, señaló que es importante informar a los ciudadanos de que la reclamación de las 35 horas de los empleados públicos no es un capricho o una ocurrencia, ni una concesión nueva, sino que es la recuperación de un derecho arrebatado en 2012, que existía desde 2002 como consecuencia de un acuerdo y una negociación con el Gobierno central.
Indicó que “desde el año 2012, la imposición de la jornada semanal de 37,5 horas, supuestamente por la excusa de la crisis económica, ha servido a los responsables de Sanidad para reducir drásticamente las sustituciones de empleados, y no cubrir las jubilaciones.
Contrariamente a lo que cabría esperar, el hecho de trabajar 2,5 horas más no ha servido para reducir listas de espera hospitalarias para intervenciones quirúrgicas, ni la atención que han recibido los usuarios de la provincia ha mejorado, lamentó San Román. “Tampoco los procesos burocráticos de la gestión sanitaria, que los usuarios tienen que hacer, han sido más rápidos o menos farragosos”, añadió.