El año 2021 fue especialmente negativo para la economía de los trabajadores. Y no solo por todas las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, sino porque la mayoría ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo desconocida en los últimos años. Además, la situación de Valladolid es especialmente delicada, tal y como revelan los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social relativos a los convenios colectivos. La subida media pactada el año pasado en la provincia fue del 1,02 por ciento, la tercera más baja del país, solo por encima de Guipúzcoa, donde la subida fue del 0,32 por ciento; y Girona, donde se incrementó el 0,77 por ciento. A este dato hay que añadir la elevada inflación que sufren las empresas y las familias, con un importante aumento de los costes en la factura de la luz, la gasolina, etcétera. Durante el año pasado el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en la provincia un siete por ciento, tres décimas por encima de España. Es decir, la provincia registró una subida de precios por encima de la media nacional y una subida de salarios que se sitúa entre las más bajas del país.

La provincia también sale muy perjudicada en la comparación con los datos regionales y nacionales, puesto que el incremento pactado en los convenios de Castilla yLeón fue del 1,40 por ciento, y en los de España, del 1,47 por ciento, casi medio punto más que en Valladolid. Además, los datos revelan que la subida pactada en los convenios de empresa está ligeramente por encima de los sectoriales: un 1,12 frente a un 1,02.

Lo cierto es que, en este contexto, la negociación colectiva no pasa por su mejor momento. Según los datos facilitados por UGT, el año pasado se negociaron 13 convenios de ámbito provincial, pero solo en ocho se llegó a un acuerdo del que se beneficiaron algo más de 45.000 trabajadores. Los casi 9.000 empleados afectados por los otros cinco todavía están pendientes de que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo.

Otro dato que revela la dificultad de las negociaciones es que solo el 32 por ciento de los convenios sectoriales de todos los ámbitos territoriales se renovaron el año pasado. Aunque hay excepciones en Valladolid. Y la más clara es la del de hostelería, que se firmó  en noviembre del año pasado para poner fin a un conflicto que comenzó en 2018 y que acabó en los tribunales. El acceso de Jaime Fernández a la Presidencia de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid fue clave para desbloquear este conflicto.

Precisamente la hostelería forma parte de unos de los sectores, el de servicios, que más precariedad sufre. Al menos eso es lo que opina el secretario general de UGT en Valladolid, Luis Rivera: «Son los que tienen los salarios más bajos porque tienen contratos de tres o cuatro horas al día, así que no llegan a los mil euros».

Convenios registrados. Si se tienen en cuenta los convenios de ámbito provincial, regional y nacional que se aplican en empresas de Valladolid, y según los datos del Ministerio, el año pasado se registraron 34 convenios en Valladolid que afectan a 72.849 trabajadores. De ellos, 18 fueron de empresas y 16 sectoriales, aunque estos últimos son los que afectan a más personas. Concretamente, al 97,6 por ciento de esos 72.839 trabajadores.

El marco laboral experimentará profundos cambios en los próximos meses después de la modificación de la Reforma Laboral aprobada el 2012 por el PP. Uno de los más importantes será la eliminación de los contratos de obra y servicio, que los empresarios solo podrán seguir haciendo hasta el 31 de marzo. La idea es que buena parte de esa contratación pase a ser indefinida, de modo que los contratos fijos sean la norma y los temporales, la excepción. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el año pasado se firmaron algo más de 200.000 contratos laborales en Valladolid, y el 31,3 por ciento de ellos fueron por obra y servicio. Si todos esos contratos hubieran sido indefinidos, que es el espíritu de la norma aprobada por el Gobierno, el porcentaje de contratos fijos se elevaría por encima del 34 por ciento, frente al diez por ciento que han venido representando en los últimos años en la provincia. Pero eso todavía está por ver. Y parece que en enero se ha dado un pequeño paso adelante, puesto que el porcentaje de contratos indefinidos subió al 15 por ciento.

Otra medida anunciada esta semana por el Gobierno, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los mil euros, también afectará a miles de vallisoletanos. El delegado provincial de CCOO, Raúl N. García, recuerda que la patronal ya llegó en 2018 a un acuerdo con los sindicatos para llegar a esa cantidad mínima en los convenios, pero denuncia que «no se ha cumplido ni en Valladolid ni en toda Castilla y León». «España está a la cola de los países con menores salarios mínimos, y hay que dejar claro que el SMI es casi la referencia de muchos convenios de nuestra ciudad. García considera que «es una vergüenza» que los trabajadores hayan tenido que esperar al anuncio de esta semana para cumplir «algo que deberíamos tener en todos los sectores desde hace más de dos años». En la misma línea se expresa el representante provincial de UGT, quien considera que este incremento del SMI demuestra que se está en un buen camino. La misma valoración que hace de los cambios en la reforma laboral, aunque considera que estos solo inician un camino de transformación hacia reformas más profundas que incluyan, por ejemplo, el aumento de la indemnización por despido hasta los 45 días por año trabajado.

El 80% de los convenios no tiene cláusula de revisión salarial

El IPC suele ser el indicador que marca buena parte de las negociaciones salariales en los convenios. Los sindicatos se suelen marcar objetivos que están por encima de este índice, independientemente de lo que den de sí después las negociaciones, pero lo cierto es que la mayor parte de los convenios firmados no tienen esa cláusula que garantiza que la retribución, al menos, va a subir lo mismo que el coste de la vida. Según los datos facilitados por UGT, en la provincia solo un 20 por ciento de los convenios la tienen, un porcentaje que baja a poco más del 15 por ciento en España. Es decir, solo 1,2 millones de trabajadores del país cuentan con esta protección.