La concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, ha reclamado un "esfuerzo compartido" entre las tres administraciones para coordinar la regulación y la actuación ante la proliferación de apartamentos turísticos ilegales. 

Así lo ha señalado Redondo este lunes al ser preguntada por las declaraciones de la Asociación de Hoteles en las que han llamado la atención ante el problema que supone en el sector y en la ciudad la proliferación de pisos turísticos no registrados, algo que ha reconocido que "preocupa" al equipo de Gobierno. 

La edil ha apuntado que se debe "diferenciar" los "apartamentos y pisos turísticos ilegales" de los que están "normalizados" y de hecho ha apuntado que estos inmuebles pueden ser un campo de negocio de los propios empresarios de hoteles e incluso ha asegurado que algunos de ellos han comprado edificios "para ampliar su negocio en ese sentido" 

En todo caso, Redondo ha subrayado que "lo que preocupa" es toda la oferta de pisos turísticos que se oferta en Internet "al margen de la ley", ante lo cual ha reclamado un "esfuerzo compartido" entre las tres administraciones, si bien ha matizado que es la Junta de Castilla y León la que "tiene las competencias exclusivas". 

Sin embargo, ha matizado que "hace prácticamente dos años" el Ayuntamiento tuvo una reunión con la Junta sobre este asunto pero "no han vuelto a convocar". 

Según la concejal socialista, Valladolid es "una ciudad piloto en este momento" para el control a través de Policía Nacional, pero ha incidido en que es necesaria una coordinación "a nivel jurídico, de la regulación" y también en el ámbito de la seguridad, para coordinar a la Policía Municipal con la Nacional y favorecer el intercambio de información. 

Redondo coincide con la Asociación de Hoteles en la preocupación por ese crecimiento "exponencial", también porque los pisos turísticos no registrados "no se contabilizan", de modo que ha insinuado que la cifra de pernoctaciones en apartamentos turísticos a lo largo de 2018 podría ser de 70.000 que, en todo caso, "no se contabilizan a la hora de establecer las necesidades de un turismo creciente que llega a la ciudad". 

Por ello, ha recalcado el interés del Ayuntamiento en que esos apartamentos "afloren a la legalidad" y sus clientes se puedan computar como turistas que llegan a la ciudad.