El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene desde hace meses unas negociaciones con el entorno etarra que solo pueden calificarse de indecentes.
Varios medios de comunicación recogen las actas de reuniones mantenidas entre miembros de Instituciones Penitenciarias, dependientes del ministerio de Interior, y del delegado del gobierno en el País Vasco, dependiente de Interior, con dirigentes y diputados de Bildu, el ex consejero del gobierno vasco Joseba Azcárrago, abogados de presos y personas que han formado parte de la dirección de ETA. En esas reuniones se han negociado segundos y terceros grados, traslados a prisiones cerca de Euskadi y Navarra y otros beneficios penitenciarios. Reuniones formales, sobre las que la guardia civil cuenta con informaciones muy detalladas que ha entregado a la Audiencia Nacional, entidad para la que ha realizado las investigaciones.
Coinciden estas informaciones con los encuentros que ha mantenido días atrás una comisión del Parlamento Europeo con miembros de esa Cámara y asociaciones de víctimas, entre ellos Maite Pagaza, víctima -un hermano asesinado- y eurodiputada. La comisión ha llegado a conclusiones demoledoras sobre la falta de interés para aclarar más de 300 crímenes de ETA todavía en la oscuridad, o la falta de interés también por contrarrestar el relato que hacen los abertzales sobre el terrorismo etarra vinculándolo a un movimiento de liberación nacional.
Todo lo relacionado con el entorno etarra, incluidos los condenados por asesinatos, así como el papel que juegan en la vida política española a través de Bildu, partido con trato preferente para este gobierno por su colaboración en momentos parlamentarios complicados, es un escándalo.
En el caso de ETA no cabe el buenismo, el argumento de que todo preso tiene derecho a la redención y a su reincorporación a la sociedad. No todos, depende del delito cometido. Y los de ETA han sido inconmensurable, con el ingrediente añadido de falta de arrepentimiento y continuidad en el enaltecimiento de sus crímenes, como ocurre con los homenajes a los etarras que salen de prisión. Homenajes prohibidos por el gobierno pero con la boca tan pequeña que se siguen celebrando.
El ministro de Interior es un juez, Fernando Grande-Marlaska, que se ganó la admiración de la mayoría de los españoles por la lucha implacable contra ETA, lo que no solo puso en riesgo su vida pues la banda terrorista lo puso en lo más alto de la lista de personajes a eliminar, a asesinar, sino que perjudicó también su carrera. El PSOE lo consideraba escorado hacia el PP y tuvo dificultades para ser elegido miembro del CGPJ. Que Pedro Sánchez le nombrara ministro de Interior en su primer gobierno, el anterior a la coalición con Podemos, se vendió como ejemplo de que el nuevo presidente quería un equipo de profesionales aunque no militaran en el PSOE. Gente respetada, con principios.
Qué decepción. Marlaska acumula decisiones que han causado dolor y estupefacción viniendo de él. Pero este cambalache con los presos etarras sobrepasa todo lo imaginable.