Las discrepancias sobre la reforma fiscal entre la parte socialista del Gobierno y Unidas Podemos, que en otro momento habrían derivado en un conflicto político de considerables dimensiones, se ha convertido en un ligero temblor de tierra porque han librado tantas batallas y con tan inciertos resultados en los últimos días -aprobación de la reforma laboral, subida del SMI, disputas sobre el reparto de los fondos europeos y todo ello en el contexto de un proceso electoral que puede volver a juntarlos-, que a pesar de la importancia del caso necesitan un tiempo muerto para reponerse
Han pasado ya dos años de gobierno de coalición y los enfrentamientos que se producían entre las dos patas del Ejecutivo, que eran percibidos como una convulsión que hacía temblar sus cimientos han pasado a ser parte del paisaje político. La presencia en el Gobierno del fundador de Podemos, Pablo Iglesias, contribuía a exacerbar la tensión dada su omnipresencia pública, su mayor peso político y su innegable capacidad para polemizar, aunque siempre se terminara de alcanzar una solución de compromiso entré él y Pedro Sánchez, o en ocasiones se llevara el agua a su molino con el acuerdo de coalición en la mano. Con Yolanda Díaz de interlocutora, los decibelios de las trifulcas han bajado considerablemente, pese a la inoportunidad de algunas de las declaraciones de los ministros de Unidas Podemos, que han dado mucho juego a los partidos de la oposición.
Inoportunidad fue el concepto utilizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para definir la presentación de la propuesta de reforma fiscal de Unidas Podemos realizada por las líderes del partido, Ione Belarra e Irene Montero, en la que se propone gravar más a las empresas y a las rentas más altas para recaudar 30.000 millones de euros, apenas unos días antes de que se presente el informe del grupo de expertos al que se le encargó la elaboración de un proyecto sobre el que el Gobierno quiere sustentar su proyecto de revisión del marco impositivo.
Como a nadie ya se le escapa que la propuesta de Unidas Podemos se debe a la necesidad de marcar un territorio propio, y cada vez se asume con más naturalidad sus iniciativas que van en contra de los tiempos y previsiones del Gobierno del que forman parte, la eficacia de sus propuestas queda muy matizada. En esta ocasión, además, porque ya se han producido una serie de subidas de impuestos que estaban acordadas. Y sobre todo porque la verdadera pugna se va a desatar cuando se presente el estudio de los expertos que apuntan a una armonización fiscal en los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, que el PP va a considerar casus belli y un intento de limitar la autonomía fiscal de Madrid. Pero Belarra e Irene Montero tienen prisa por aprovechar lo que resta de legislatura para conseguir una reforma fiscal más progresiva de la que el Gobierno está dispuesto a desarrollar.
De vuelta al comienzo, el encontronazo fiscal entre miembros del Gobierno está descontado. Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz, que se ha situado al lado de María Jesús Montero en este asunto pidiendo calma, han subrayado que la salud del gobierno de coalición está blindada, lo mismo que la estabilidad parlamentaria a pesar del susto de la reforma laboral. De la necesidad, virtud.